Cooperativas de ahorro y crédito aportaron en la reactivación económica
El Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), compuesto por cooperativas de ahorro y crédito (COAC), mutualistas, cajas y bancos comunales, agrupan a cerca de ocho millones de personas, quienes a través de pequeñas, medianas y micro empresas generan aproximadamente el 80 por ciento del empleo en Ecuador.
La pandemia puso un gran peso sobre este sector, que desde el año pasado ha debido apoyarse en diferentes mecanismos de alivio financiero para asistir a sus socios. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) muestra que, de marzo a diciembre de 2020, las COAC aplicaron al diferimiento y reprogramación de 1’187.230 operaciones de crédito.
Catalina Pazos, superintendente de Economía Popular y Solidaria (suplente), cuenta que el 47 por ciento de los créditos vigentes del sector accedieron al menos a un tipo de alivio financiero, siendo el de vivienda el de mayor reprogramación con el 69 por ciento de su saldo reprogramado y/o diferido; seguido de las carteras de consumo y de microcrédito con alrededor del 52 por ciento.
La mayor proporción de cartera diferida y posteriormente reprogramada se ubica en las provincias de Sucumbíos (26 por ciento), Tungurahua (23 por ciento), Cotopaxi (20 por ciento) y Napo (19 por ciento).
Respaldo a socios
Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo el 2020 fue complejo en el ámbito crediticio. Debido a la pandemia sus socios no tuvieron posibilidades para invertir, lo que hizo que las colocaciones de la institución bajaran.
La directora de servicios financieros, Nelly Molina, comenta que el año pasado la entidad se enfocó en cuidar la cartera y a sus socios. Para apoyarlos realizó procesos de diferimiento de los créditos por 90 días, segundas reestructuraciones o refinanciamientos, así como reducción de los costos para las gestiones por cobranza y en algunas operaciones asumió una parte del impuesto de Solca.
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Como aporte a la reactivación de la economía de sus zonas de influencia, esta COAC flexibilizó su política crediticia para créditos con condiciones más accesibles. Por ejemplo, quienes poseen deudas refinanciadas o reestructuradas tienen la oportunidad de acceder a un crédito normal y se ofrece la opción de crédito sin garantes de hasta 10.000 dólares, opciones que antes no lo permitía la normativa. Además, incrementó los montos de los créditos y los plazos de pago de siete a diez años para socios y tasas del 12,77 al 15,50 por ciento.
“Financieramente la cooperativa está bastante bien y es una de las más solventes, eso hace que pueda dar estos beneficios y ayudas a los socios... A partir de marzo de este año la institución está recuperando los niveles de crédito que tenía antes”, asegura Molina.
De diciembre de 2020 a febrero de 2021 Jardín Azuayo ha otorgado 15.000 créditos con un monto de alrededor de 28 millones de dólares, de los cuales el 33 por ciento corresponde a la actividad productiva, agropecuaria, de servicios y comercio.
Crédito online
Las cooperativas también han invertido en crear servicios financieros digitales para el acceso a sus nuevas líneas mentado la cartera para iniciar con la colocación de créditos. Ese es el caso de CoopCentro que ha colocado todas sus plataformas tecnológicas para que sus socios y clientes pueden solicitarlos de forma virtual a fin de evitar el contacto físico al momento de solicitar y precalificar un crédito.
Su gerente general, Gustavo Alarcón, afirma que la institución ha segmentado la cartera para iniciar con la colocación de créditos preaprobados, tanto en consumo como en microcrédito, en socios con buen historial de pago.
Además, está colocando cartera en zonas agrícolas donde hay menor afectación por pandemia y créditos para capital de trabajo con cuotas de gracia dependiendo de la actividad económica.
“Se está financiando créditos vehiculares para actividades productivas y las facilidades a socios recurrentes de poder consolidar sus obligaciones y de esta manera regular su flujo de egresos mensual en función de su nueva capacidad de pago”, explica.
El 80 por ciento de la colocación del primer trimestre de este año de CoopCentro se canalizó para actividades productivas y de reactivación por un monto de 4’403.200 dólares. El 20 por ciento restante fue para créditos de consumo (1’100.800 de dólares).
En 2020, la cooperativa difirió 1.949 operaciones de crédito por un monto de 7’776.397 dólares. Novaciones, refinanciamientos, restructuras, reprogramaciones y cuotas de gracia dependiendo del tipo de actividad económica fueron algunas de las ayudas que otorgó.
Otra cooperativa que también creó un producto de crédito digital con cobertura nacional es Alianza del Valle. Su gerente general, Héctor Cadena, explica que el mismo cuenta con un sistema de reconocimiento facial por lo que no es necesario que el solicitante se acerque a ninguna de las agencias.
A través de esta herramienta el socio se puede registrar, realizar simulaciones de crédito y desembolso de hasta 120.000 dólares en un tiempo no mayor a 72 días, una iniciativa que obedece a su política institucional de cero papeles como medida de apoyo al medio ambiente.
Durante el primer trimestre de este año, el 48,86 por ciento de los créditos desembolsados por esta COAC (187’988.548 dólares) se destinaron a la producción, desarrollo de emprendimientos, financiamiento de proyectos y para capital de trabajo inicial.
Cadena, destaca que en el 2020 la cartera diferida llegó a 160’616.708 dólares con un total de 14.136 operaciones. “Otorgamos periodos de gracia de 3 a 6 meses en el pago de la cuota de crédito a los socios que presentaban dificultades para poder realizar sus pagos a tiempo”, menciona.
La titular de la SEPS, Catalina Pazos, señala que, de acuerdo con la información de previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, en 2020 la economía nacional presentó un decrecimiento del 7,8 por ciento, sin embargo, el Sector Financiero Popular y Solidario registró un crecimiento del orden del 12,3 por ciento en sus activos.
Para este año el sector prevé un crecimiento similar. Además, de una afectación en las utilidades de las entidades debido a que se tendrán que constituir provisiones importantes para mitigar el impacto de la materialización de las pérdidas que se puedan ocasionar por la posible falta de pago de los créditos.
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