El Estado termina pagando más de cinco millones de dólares por cada una de las 20 escuelas prefabricadas que utilizó y que muchas de ellas ya están destruidas o a punto de cumplir su vida útil.
Postulantes y contratantes del Sercop refieren que el sistema presenta dificultades que hacen de la oferta de bienes y servicios culturales una tarea tortuosa.
