El inicio de esta acción de control se da días después de que la ministra Inés Manzano se refirió al incumplimiento que mantiene la empresa Progen en contratos para la generación eléctrica.
El Estado termina pagando más de cinco millones de dólares por cada una de las 20 escuelas prefabricadas que utilizó y que muchas de ellas ya están destruidas o a punto de cumplir su vida útil.
“Mientras fui alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, ningún pariente mío fue contratado. Por lo tanto, no hubo nepotismo”, aseguró la exalcaldesa en un video.
