Asamblea Ecuador 2025: los candidatos llegan con saltos patrimoniales y expedientes judiciales
Saltos patrimoniales, deudas con el SRI y procesos penales arrojan luces sobre las candidaturas a asambleístas nacionales.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]*Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. VISTAZO y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Con el llamado a juicio por el caso Metástasis, el público se enteró de que uno de los acusados no podría ser procesado porque era aspirante a asambleísta nacional en estas elecciones de 2025. Se trata de Armando Flor Izaguirre, quien ya se había inscrito como candidato por el partido Pueblo Igualdad Democracia (PID).
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Este no es el único caso. Otros candidatos de las listas nacionales también tienen procesos judiciales activos y, por mandato del Código de la Democracia, pueden acogerse a la inmunidad temporal que les otorga la ley.
Entre ellos: Álex Bósquez Cáceres (PSP) y Sergio Peña Veloz (RC-RETO), según el archivo digital de la Función Judicial, con corte a diciembre de 2024.
De acuerdo con el artículo 108 de este Código, “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.
Una vez que sean proclamados los resultados, dispone la norma, los procesos penales en su contra podrán reactivarse, pero los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.
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Además de estos tres casos hay un cuarto activo abierto por calumnia. Otros 14 candidatos tienen investigaciones previas archivadas, otros dos con condenas ejecutoriadas y uno con sobreseimiento. En total, 21 candidatos a asambleístas nacionales, de un total de 180, es decir un once por ciento, han enfrentado denuncias e investigaciones penales, ya sea en el desempeño de sus actividades públicas o en el ámbito privado.
El 9 de febrero, los ecuatorianos elegirán a 15 asambleístas nacionales. Estos quienes tienen procesos penales destacados.
Llamado a juicio por el caso Metástasis
Una de las postulaciones más polémicas en estas elecciones es la de Armando Flor Izaguirre (PID, lista 4). El ahora candidato fue llamado a juicio en el caso Metástasis, como supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Izaguirre solicitó a la Corte Nacional ―acogiéndose al beneficio del Código de la Democracia― que se suspenda la etapa de juicio hasta que se realice la proclamación de resultados electorales.
Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Flor Izaguirre habría perdido la confianza de los capos de la organización criminal porque supuestamente incluyó facturas fantasmas en las declaraciones tributarias de Norero.
El candidato fue contactado por Fundamedios para obtener su versión, pero a través de su abogado, Luigi García Cano, indicó que “no le interesa la entrevista”. García Cano, además, es compañero de lista de Izaguirre por el mismo PID, y fue asambleísta alterno del exlegislador Dalo Bucaram, entre 2017 y 2021, por el movimiento Fuerza Ecuador. El candidato presidencial del PID, el general de la policía en servicio pasivo Víctor Araus, a quien Estados Unidos le retiró la visa en 2021, cuestionó la postulación de Flor, pero esta ya estaba inscrita.
Llamado a juicio por asociación ilícita
Desde el 2022, Sergio Peña Veloz (RC-RETO, lista 5-33) está procesado —junto con varias personas— en un caso por supuesta asociación ilícita. Con base en seguimientos, vigilancias y escuchas, la Fiscalía determinó que Peña Veloz supuestamente formaba parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a cambio de dinero.
En principio, las autoridades judiciales consideraron que no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión y el recurso le fue concedido en 2023. Por ello, actualmente, existe contra Peña un llamamiento a juicio, del cual aún no se ha fijado fecha.
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En el repositorio digital de la Función Judicial no hay evidencia de que Peña haya pedido la suspensión de su procesamiento, pero, al estar vigente su inscripción a una elección popular, puede acogerse a la inmunidad temporal que le ofrece el Código de la Democracia. Peña fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
Sentenciado por asociación ilícita
En 2019, la Policía interceptó varias llamadas telefónicas y determinó que Juan Carlos Caicedo Salazar (Centro Democrático, lista 1) habría cobrado dinero a particulares, especialmente a personas de bajos recursos, a cambio de la promesa de conseguirles acceso a viviendas del Miduvi y de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida.
Por este caso, de presunta asociación ilícita, los tribunales le impusieron una pena de cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos unificados. Caicedo apeló, pero sus intenciones fueron desechadas.
En 2024 planteó un recurso de casación, que tampoco fue aceptado en la Corte Nacional. Luego, interpuso una acción extraordinaria de protección, que aún deberá ser resuelta por la Corte Constitucional. Caicedo fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
La lista no es corta. Hay un candidato del Movimiento Amigo sentenciado por estafa; un candidato por la alianza Revolución Ciudadana - RETO denunciado por calumnia. Otro, por el Partido Sociedad Patriótica, denunciado por simular ser juez.
En total, 14 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales han registrado investigaciones archivadas en el sistema de la Función Judicial. También hay el caso de un postulante que fue sobreseído, Édison Alexis Cantuña Cañaveral, del partido Unidad Popular (UP, lista 2).
Deudas con el Servicio de Rentas Internas
De los 180 candidatos a asambleístas nacionales, trece registran valores pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Los valores más altos de deudas en firme corresponden a Dimitri Rojas Fedorow (Izquierda Democrática), quien hasta mediados de enero registraba una obligación pendiente de 3.273 dólares y Luigi García Cano (PID), de 635 dólares. El resto son deudas menores.
En tanto que los valores más altos de facilidades de pago son los que deberán cancelar el exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (RC-RETO) con 27.179 dólares y el exlegislador Juan Fernando Flores Arroyo (CREO) con 1.077 dólares.
Por otro lado, según la base de datos del SRI, 64 candidatos a asambleístas nacionales no han presentado todas sus declaraciones anuales de Impuesto a la Renta (IR), en el periodo analizado, entre 2017 y 2023. Esto significa que un poco más de un tercio de los aspirantes ha incumplido con este requerimiento tributario.
El SRI dispone que la declaración anual del IR es obligatoria para todos los contribuyentes, salvo para aquellos domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron menores que la base tributaria.
Los “saltos” de patrimonio
Según información de Contraloría, la exasambleísta María Antonieta Guarderas Celi, ahora candidata por el PID, sextuplicó su patrimonio entre 2023 y 2024. Cuando dejó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en octubre de 2023 declaró un patrimonio de 642.100 dólares. Luego ganó una curul en la Asamblea Nacional y en su declaración periódica señaló poseer un patrimonio de 4,17 millones de dólares, especialmente por bienes inmuebles.
Asimismo, el patrimonio de la candidata Olguita Yance Coloma (PSP) pasó de 817 dólares a 160.030 entre febrero de 2019 y julio de 2021, cuando trabajó como brigadista y supervisora de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. No obstante, en diciembre de 2020 y enero de 2021 presentó dos declaraciones con un valor de cero dólares de patrimonio.
El profesor Edgardo Véliz Llaguno, que según la documentación que reposa en la Contraloría firmó un contrato “ocasional y medio tiempo” con la Universidad de Guayaquil, reportó 5.000 dólares en 2021. Tres años después, en 2024, su patrimonio declarado fue de 208.000, lo que equivale a un aumento del 4.060 por ciento.
Lucy Coronel Goyes (CREO) tenía un patrimonio de 4.000 dólares en 2018 que aumentó a 266.997 dólares en 2023. Su primer cargo registrado fue el de analista de relaciones internacionales del Ministerio de Salud. Luego pasó a ser asistente y asesora en la Asamblea Nacional, y analista en el Ministerio de Gobierno.
El patrimonio del exasambleísta y exjefe de Talento Humano de la Gobernación del Carchi, Juan Carlos Yar Araujo (Amigo), se triplicó entre 2016 y 2021, al pasar de 45.000 a 143.524 dólares, entre 2016 y 2021, cuando fue legislador.
Funcionarios públicos y reelección
El ejercicio del servicio público no es una novedad para 80 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales (un 44 por ciento). Ellos ya han desempeñado funciones como asambleístas, profesores, mandos medios de organismos locales o en ministerios. Aquí el detalle:
De estos 180 candidatos en las listas nacionales, saldrán 15 asambleístas. El resto provendrá de las listas provinciales. En los peóximos días se presentarán nuevas entregas de los candidatos en distintas provincias.
Cómo se hizo esta investigación: nota metodológica
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC).
El trabajo partió de las listas proporcionadas por el CNE, que se limpiaron para evitar homónimos. Para la información de los procesos penales se consultó el sistema e-Satje de la Función Judicial, disponible en este enlace (https://bit.ly/4gBHmch) . Solo se tomaron en cuenta los procesos judiciales filtrados por materia Penal COIP. Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024. Casi inmediatamente comenzaron las contrastaciones sobre esta información con los candidatos.
La información sobre las declaraciones de impuesto a la renta del Servicio de Rentas Internas (https://bit.ly/3WeVEYX). Se tomaron en cuenta las declaraciones entre 2017 y 2023, pues ya no es pública la información de años anteriores y porque aún no termina el plazo para presentar las declaraciones de 2024. Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.
La información sobre las deudas tributarias se obtuvo del sitio web del SRI (https://bit.ly/CandidatosImpuestos). Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.
Con respecto a los cargos públicos y patrimonios declarados, se consultó el sitio web de la Contraloría General del Estado (https://bit.ly/4gmvnPF). Para este trabajo, solo se tomaron en cuenta las declaraciones patrimoniales presentadas al final de gestión de cada cargo. Solo en caso de no existir esta declaración, se tomaron en cuenta las declaraciones periódicas, en caso de que las hubiere, o las de inicio de gestión, en este orden de prioridad. Las consultas de los candidatos se realizaron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.
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