¿Quién es Diana Salazar?
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Ecuador cuenta con una nueva fiscal general del Estado, Diana Salazar, elegida por unanimidad en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), y que tendrá que abordar los cerca de 900 casos de corrupción que reposan en la Fiscalía, como denuncias contra Rafael Correa, Jorge Glas y sus exministros.
La nueva fiscal obtuvo la mejor puntuación dentro del proceso de elección, con 88,17 puntos: 49 en méritos, 10 en el examen escrito y 28,17 en la audiencia oral. A esa valoración se sumó un punto por acción afirmativa al ser afrodescendiente.
Pero ¿quién es Diana Salazar?
Lady Diana Salazar Méndez nació en Ibarra el 5 de junio de 1981. Su hogar estaba bajo el matriarcado, como suele bromear la nueva fiscal, de doña Olivia Méndez, una psicóloga educativa que sacó adelante sola a sus cuatro hijos.
Creció en su natal Ibarra, hasta que a los 16 años migró a Quito en donde cursó los últimos dos años de bachillerato en el Colegio Fiscal Juan Montalvo. Para 2001, y con apenas 20 años, ya trabajaba en la Fiscalía de Pichincha como ayudante de fiscal, alternándose con los estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
En 2006 ascendió al cargo de secretaria en la misma Fiscalía y para 2011 era designada como fiscal en el sur de la capital, desde cuyo despacho llevaba investigaciones por delitos comunes como robo de celulares, estafas, lesiones y hurtos.
Esta doctora en Jurisprudencia pasó también por la DACE, Unidad para Descubrir Autores, Cómplices y Encubridores, y ya en el 2016 empezó a investigar casos de crimen organizado y corrupción.
De su gestión destacan casos como el FIFA Gate, que terminó con una condena de 10 años de cárcel por lavado de activos contra el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. En aquel entonces los periodistas le llamaban la Loretta Lynch ecuatoriana, a causa de su parecido con la fiscal general de Estados Unidos que también llevaba la enorme trama de corrupción dentro de la FIFA, pero hoy más nunca se destaca esta similitud, pues Lynch se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ser fiscal general de Estados Unidos.
De igual manera dirigió el caso de Juan Pablo Eljuri, un empresario vinculado con el Sai Bank, entidad que habría facilitado el ingreso de dinero de Odebrecht, que luego sirvió para pagar sobornos.
Mientras estuvo a cargo del caso Odebrecht, Salazar encontró 10 evidencias que vincularon al vicepresidente Jorge Glas (quien cumple prisión preventiva) por el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita.
En el caso de supuesta captación ilegal de dinero a través de la entidad financiera internacional Sai Bank, la Fiscal contó que llegaban abogados a su oficina para decirle que piense lo que va a hacer “porque se va a enfrentar a un empresario poderoso”. Mientras que en la investigación contra Luis Chiriboga, Salazar dijo haber sentido presión mediática y que empezó a recibir amenazas.
Al respecto, en una entrevista con Vistazo en julio del 2018, Salazar manifestó que “hay ocasiones en que he querido decir: ‘no más, hagan lo que quieran’. Me doy cuenta de que pueden afectar a mi entorno. Pero tengo un motor que me anima a seguir adelante, soy muy católica y pienso que Dios me ha puesto donde debo estar”.
En la misma entrevista confesó que, en cumplimiento de sus funciones, han intentado sobornarla: “Hubo ofrecimientos jugosísimos para mí; nunca hubiera aceptado. Me hablaron del futuro de mi hija. Yo respondí: pensando en el futuro de mi hija, no quiero seguir la suerte de (piensa unos segundos, duda) no sé si debo decir los nombres de don Alex Bravo, de don Capaya”.
Los últimos 14 meses ha estado a cargo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), unidad que recaba información con la cual la Fiscalía sustenta las investigaciones por delitos contra la administración pública. En los cuatro primeros meses bajo su mando, la UAFE presentó dos acusaciones particulares por supuesto lavado de activos (caso Iván Espinel y caso Diacelec, que habría lavado 15 millones de dólares de Odebrecht).
Salazar tiene una maestría en Derecho Procesal. Además, es especialista en Derechos Humanos por la U. Andina y en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla, en España. Tiene 38 años, está casada y tiene una hija.
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