Uno de los problemas de la crisis de inseguridad es que las bandas criminales han tomado el control de los centros penitenciarios. Prueba de ello fue la fuga de alias Fito y de Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, en la última semana.
Ante la ola de violencia con coches bombas, policías secuestrados y asesinados y guardias de las cárceles tomados como rehenes, varios embajadores y países vecinos han expresado su intención de ayudar a Ecuador para superar la crisis.
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“Colombia dijo que nos quería ayudar. Yo dije: perfecto, ya les mandamos los 1.500 que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas (...) Tienen ya sentencias de cinco años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana, nosotros los podemos sacar. Hay tratados internacionales. Podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera y muchas gracias, quédense por allá”, dijo Noboa en una entrevista concedida a Radio Canela.
Ante la pregunta de los locutores, el primer mandatario no especificó la figura legal que se utilizaría, pero dijo que no se trata de procesos de extradición. Añadió que esta medida ayudaría a reducir el hacinamiento en las cárceles y evitaría que el Estado siga gastando dinero en alimentar esos presos. Una vez que termine el proceso con los reos colombianos, seguirá con los venezolanos y peruanos, aseguró.
De inmediato reaccionó el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, diciendo que, si expulsan a los presos colombianos de las cárceles del Ecuador y los dejan en la frontera, esos ciudadanos colombianos pueden entrar al país. Pero, “al llegar a Colombia, si tiente alguna deuda con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia. Si es una expulsión, quiere decir que simplemente llegan a la frontera y ya dependerá de la situación de cada uno de ellos frente a la justicia colombiana”, dijo Osuna, según reportó Noticias Caracol.
Otra alternativa podría ser la repatriación de presos, pero eso contempla que las autoridades de los dos países se pongan de acuerdo y que las penas a las que fueron condenados esos presos en Ecuador tengan validez jurídica en Colombia.