Más de 33 mil niños y adolescentes en situación de movilidad no van a la escuela en Ecuador
Con un fondo semilla de 7,4 millones de dólares, la Oficina de Unesco en Quito lanzó a inicios de este año un programa para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, sobre todo venezolanos.
El plan se aplicará en las cinco provincias con mayor población migrante: Pichincha, Imbabura, Guayas, Manabí y Azuay.
Una encuesta reveló que hay algunas causas por las que las familias venezolanas no envían a sus hijos a la escuela y colegio: el 63 por ciento dijo que por falta de recursos económicos. Un seis por ciento no lo hace porque sufren discriminación. Un cinco por ciento porque no encuentran cupos, un cuatro por ciento tiene problemas por falta de documentos, entre otras razones. La pandemia agudiza la inserción educativa.
Unesco estima que actualmente más de 33 mil niños y adolescentes en situación de movilidad no están matriculados en el sistema educativo.
Aunque la educación pública en Ecuador es gratuita, según datos del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Ecuador (GTRM), una familia venezolana gasta 186 dólares al año en educación, por conceptos de implementos, materiales, transporte y otros rubros.
Además, las familias que sí envían a sus hijos a la escuela corren el riesgo de no matricularlos para el siguiente año o tienen problemas por falta de dispositivos electrónicos y conexión a internet para las clases virtuales, entre otras carencias.
Por eso el “Programa de Resilencia para la Inclusión Educativa en Ecuador 2021-2023” contempla transferencias en efectivo para familias venezolanas que enfrentan condiciones de extrema pobreza.
Pero los principales esfuerzos se concentrarán en la capacitación a las unidades distritales encargadas del registro escolar, para que se cumpla con el acuerdo ministerial 25-A expedido el año pasado, explica Carolina Miño, coordinadora de este programa de Unesco.
Este acuerdo regula y garantiza el acceso, permanencia, promoción y culminación de la educación de las personas en condición de vulnerabilidad, pero todavía hay barreras para su implementación.
Para esto, Unesco trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación y se brindará capacitaciones en las unidades distritales. Otro de los pilares de este plan es la identificación y registro de estos niños y adolescentes para darles información a ellos y sus familias, materiales y asistencia psicológica.
“La migración forzada ubica a los niños y adolescentes en un estado emocional de mucha vulnerabilidad, por eso es tan necesaria la ayuda psicológica y el seguimiento de estos casos. Si emocionalmente no están bien, nada funcionará” enfatiza Miño.
Aunque los migrantes venezolanos son el foco de preocupación en este momento, el programa contempla otras poblaciones vulnerables como niños con discapacidades, con problemas de violencia intrafamiliar, adolescentes embarazadas, entre otros grupos.
El financiamiento proviene del Fondo Global Education Cannot Wait, pero, en los tres años que dure el proyecto, Unesco buscará nuevos aportantes que se interesen en la educación de los niños.
La idea es llegar a los 32 millones de dólares con nuevos aportantes para complementar el fondo semilla. Se prevé atender a 339 mil niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad hasta el 2023.
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