Guía intentó ingresar droga a la Penitenciaría y ahora deberá permanecer en la cárcel
Prisión preventiva para guía penitenciaria que intentó ingresar droga a la Penitenciaría.
Fiscalía procesó a una agente del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario que intentó ingresar marihuana al interior de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el norte de Guayaquil.
La tarde del 27 de diciembre, personal de la Policía Nacional ubicado en el área de seguridad externa de ingreso a la Penitenciaria del Litoral cumplía con las inspecciones al personal que ingresaba a laborar en el lugar.
En ese momento, una agente de seguridad se mostró nerviosa cuando se procedió con el registro corporal y dijo que tenía que trasladarse con suma urgencia a realizar el conteo físico de las personas privadas de libertad (PPL) del pabellón 8.
Sin embargo, durante una inspección más minuciosa, personal policial detectó que la ahora procesada llevaba adherido a su cuerpo (en la cintura y en uno de los bolsillos de su uniforme) dos bolsas pequeñas con 325 y 153 gramos de una sustancia vegetal verdosa.
Personal policial procedió a la detención de la funcionaria, trasladándola a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde se le practicaron las pruebas de valoración médica, para ponerla a disposición de las autoridades judiciales de turno.
En la audiencia de flagrancia, el fiscal Roberto Franco López presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión, el informe y parte de novedades, la prueba de identificación preliminar homologada, el acta de verificación y pesaje de la droga, las versiones de la procesada y otras evidencias que fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Antinarcóticos.
El juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Carmen Viviana E. Z. y emitió la boleta constitucional de detención.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 220, numeral 1, literal c (alta escala) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de alcaloides, con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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