Una procesada se sometió el procedimiento abreviado y aceptó su responsabilidad en el delito de abuso de confianza, por lo que recibió una sentencia de diez meses de prisión por haber desviado cerca 2,8 millones de dólares de las finanzas de una empresa, para el pago de gastos personales. Además, dos personas fueron llamadas a juicio en calidad de cómplices de este presunto delito.
Una vez concluida la instrucción fiscal, en la audiencia de procedimiento abreviado, realizada en Quito, el fiscal del caso informó al Juez de Garantías Penales que la hoy sentenciada se había ganado la confianza de los directivos y trabajadores de la empresa para hacer uso de los recursos económicos de la misma en beneficio propio, aprovechando que se desempeñaba como contadora.
La investigación de Fiscalía determinó que se efectuaron pagos de tarjetas de crédito, viajes o cuotas de vehículos con cheques de la empresa perjudicada. En este procedimiento, el esposo e hijo de la contadora habrían colaborado, por lo que ambos fueron llamados a juicio.
La empresa, luego de la ejecución de un proceso de auditoría y de haber revisado la contabilidad, descubrió el faltante de dinero y su desvío hacia rubros no relacionados. Por esa razón se presentó una denuncia en Fiscalía y se inició la investigación correspondiente.
Entre los principales elementos de convicción esgrimidos durante la audiencia se incluyeron: los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), además de una pericia contable que determina el monto del presunto perjuicio.
Además, el Juez dispuso el pago de 2,8 millones de dólares por concepto de reparación integral a la empresa perjudicada.
Este caso fue procesado con base en el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso de confianza con pena privativa de libertad de uno a tres años.