Comité de la ONU revela graves preocupaciones sobre el poder judicial y uso de estados de excepción en Ecuador
Se exhortó a Ecuador a capacitar a jueces y fiscales en la detección y procesamiento de actos de corrupción.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió este jueves un informe que revela “preocupantes” hallazgos sobre la situación del poder judicial y el uso de estados de excepción en Ecuador.
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El documento contiene las recomendaciones del Comité sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, luego del examen llevado a cabo en el país, en medio de una crisis de violencia sin precedentes.
Uso recurrente de los estados de excepción
Uno de los aspectos más críticos señalados en el informe es el uso recurrente de los estados de excepción a nivel nacional y local en Ecuador desde enero de 2024.
El Comité expresó su alarma ante la "normalización" de estas medidas, incluso señalando el uso de la declaratoria de "conflicto armado interno" como justificación por parte del presidente Daniel Noboa, pese a las sentencias del Tribunal Constitucional.
La ONU subrayó que estas declaraciones suspenden derechos fundamentales como la libertad de circulación, de asociación y de reunión, y afectan de manera desproporcionada a grupos vulnerables, incluidos pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, migrantes y solicitantes de asilo.
El organismo internacional recomendó al Estado ecuatoriano reducir el uso de los estados de excepción y asegurar que estos sean temporales, estrictamente necesarios y sujetos a revisión judicial.
Corrupción en el Poder Judicial
Otro de los puntos centrales del informe es la situación de corrupción en el sistema judicial. La ONU tomó nota de los esfuerzos de Ecuador para mejorar las unidades judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado, pero manifestó su preocupación ante denuncias de sobornos, retrasos injustificados en los procesos judiciales y beneficios penitenciarios otorgados a miembros de organizaciones criminales.
La corrupción en el sistema judicial genera una profunda desconfianza en la ciudadanía, según el Comité.
El informe también alertó sobre la falta de protección a jueces, fiscales y profesionales del derecho, quienes enfrentan asesinatos, amenazas e intimidación.
En rueda de prensa desde Ginebra, Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, afirmó que esta situación “pone en riesgo el Estado de derecho” en Ecuador, y destacó que la corrupción en la judicatura fragiliza todo el sistema de justicia.
Gómez instó a fortalecer la lucha contra la corrupción “desde dentro” del sistema judicial, enfatizando que “la mayoría de jueces no son corruptos”, pero necesitan el respaldo de otros poderes del Estado para ejercer sus funciones con independencia y seguridad.
Crisis en el sistema penitenciario
La militarización de las cárceles y la infiltración del crimen organizado también generaron preocupación en la ONU. Según el informe, estas prácticas impiden el correcto funcionamiento del sistema penitenciario.
Además, el Comité instó al gobierno a reducir el hacinamiento y el número de personas en prisión preventiva para mejorar las condiciones dentro de las cárceles.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa ayer anunció una propuesta de reforma constitucional orientada a remover a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria.
“El sentido de la justicia no ha existido en la distribución de recursos y servicios públicos”, afirmó el mandatario en la red social X. Noboa subrayó que los recursos deben priorizarse para quienes “lo necesitan y lo merecen”.
Recomendaciones a Ecuador
El Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó a Ecuador a capacitar a jueces y fiscales en la detección y procesamiento de actos de corrupción, y a garantizar que los operadores de justicia puedan desempeñar sus funciones sin interferencias ni amenazas.
También sugirió una revisión integral de las medidas de seguridad en el sistema penitenciario y del uso de los estados de excepción.
El informe representa un llamado de atención internacional sobre los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra la violencia y la corrupción, y subraya la necesidad de fortalecer el Estado de derecho para garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.
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