Los empresarios del cohecho: ¿A cuánto ascendió su facturación y cuáles fueron sus contratos durante el correísmo?
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Diez empresarios fueron sentenciados por cohecho. La figura legal es inherente a los servidores públicos, pero en la Constitución de 1998 se extendió a todos “quienes participen de estos delitos” y se volvió imprescriptible. En la Constitución de 2008 se clonó esta norma.
El 5 de marzo de 2020 el empresario Pedro Verduga Cevallos, presidente de la constructora Equitesa, en pleno juicio contó que su empresa tenía pendientes el cobro de varias planillas por trabajos relacionados con el Proyecto Multipropósito Chone, en Manabí. Dijo que para buscar el pago pidió ayuda a la Prefectura de esa provincia, entonces liderada por Mariano Zambrano, afín a la Revolución Ciudadana. Según el mismo empresario, días después fue contactado por Pamela Martínez , quien le pidió una contribución para agilitar el pago de los valores adeudados.
Verduga reveló que quien lo contactó luego fue Walter Solís, que entre 2011 y 2015 fue secretario del Agua. Según un extracto preparado por la Fiscalía, “(Solís) fue enfático en señalar que ese pedido estaba en conocimiento de Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera y Vinicio Alvarado”. Dijo que le pidieron un millón de dólares pero que no los pagó en efectivo, sino que “le hicieron llegar facturas preparadas para recolectar los fondos”. A esto último se conoce como “cruce de facturas”. Es decir que las empresas chantajeadas tenían que pagar por bienes o servicios que nunca habían recibido. Con esta modalidad se movieron 6,6 millones de dólares.
Lo descubierto y sancionado, se presume, es solo un eslabón de un modus operandi que habría funcionado en varias instancias del gobierno y que, por lo pronto, hoy tiene a las cárceles esperando por 10 exfuncionarios públicos y 10 empresarios privados. Varios han salido del país.
¡Tirios y troyanos, uníos!
Cohecho: “Este delito consistente en sobornar a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos”.
En el juzgamiento del caso Sobornos, se usó el Código Penal que estuvo vigente cuando se cometieron esos pecados. Las penas fueron aumentadas en unas reformas aprobadas en 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa. Entonces quedó así:
Artículo 287: “El culpable será condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años… si ha… recibido dones o presentes por cometer un delito”.
Artículo 290: “Los que hubieren… corrompido… a un funcionario público… serán reprimidos con las mismas penas que el funcionario culpado de haberse dejado cohechar”.
Durante el correato se promulgó un nuevo código llamado Código Orgánico Integral Penal donde el delito de cohecho y otros relacionados con la administración pública, recibieron penalidades menores.
Las empresas involucradas son en su mayoría constructoras y que solas o en consorcio fueron contratadas para la realización de varias obras de infraestructura. En este caso, según escribió en diario El Universo el columnista Hernán Pérez Loose, se ha juzgado a “una sociedad donde pocos políticos y empresarios pueden explicar el origen de sus pertenencias, mansiones y tren de vida. Ya era hora de que esto cambie”.
FOPECA
SINDICADOS: Víctor Fontana Zamora
CONDENA: 8 años.
Esta empresa familiar nació en Cuenca en 1974. La familia Fontana es de origen italiano y en sus inicios se dedicaba al transporte de materiales de construcción y luego participaron en la construcción de carreteras.
Hasta 2006 las ventas anuales no superaban los 20 millones de dólares. Para 2007 en que llega el correísmo, duplican los ingresos. En 2009 las ventas se triplicaron. El mayor éxito lo logran cuando se asociaron a la constructora China Gezhouba Group Company para formar el consorcio CGGC-Fopeca que ganó la construcción de la hidroeléctrica Sopladora. Ese fue un negocio de 700 millones de dólares. Al final de la obra, una serie de fallas no reparadas complicó su relación con el Estado. En 2018 volvieron a los niveles normales, con ventas inferiores a los 40 millones de dólares.
Según el caso Sobornos, la empresa era “gestionada” por la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Entre enero de 2013 y enero de 2014 la Fiscalía detectó cruce de facturas por 400 mil dólares y entregas de 110 mil dólares en efectivo.
CONSERMIN
SINDICADOS: Ramiro Galarza Andrade y Édgar Salas León.
CONDENA: 8 años.
Fundada en Quito, en 1991, como Constructora y Servicios de Minería. Hasta 2006, sus ingresos anuales no superaban los 16 millones de dólares. Pero entre 2007 y 2009 se acercan a
los 100 millones. El promedio durante el período del caso Sobornos es de unos 70 millones de dólares anuales.
Sus clientes tradicionales han sido empresas mineras y gobiernos seccionales. Entre las obras principales durante el gobierno de Rafael Correa, se cuentan trabajos en los aeropuertos de Lago Agrio y Esmeraldas, las carreteras Balbanera-Bucay y Riobamba-Macas que juntas se acercan a los 200 kilómetros. También trabajaron con Odebrecht en las vías de ingreso a la hidroeléctrica Toachi-Pilatón hasta que la brasileña fue expulsada y ayudaron a aplanar el terreno de la Refinería del Pacífico, en Manta.
Entre 2012 y 2013, período que fue examinado por la Fiscalía, se dieron siete contratos con el Ministerio de Obras Públicas, cuya titular, según el juicio, gestionó los sobornos. Hubo cruce de facturas por 428 mil dólares y 70 mil dólares en efectivo.
Sin embargo, según la defensa de Edgar Salas León, "en los años 2014 y 2015 (período de investigación), la empresa Consermin vio afectada su liquidez y estuvo al borde de la quiebra justamente por la falta de pago por parte del Estado de los contratos que legalmente le fueron adjudicados, por lo que lejos de constituir la contratación con el Estado un beneficio para la empresa, fue un perjuicio que provocó que en el año 2016 mi defendido se retire de la sociedad con un quebranto considerable en su salud (infarto y diabetes)".
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