La empleada, iracunda por la decisión, interpuso una demanda en contra de su empleadora en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para exigir una indemnización por perjuicios causados debido al despido, que consideró como arbitrario.
El juez que acogió la demanda resolvió que no se demostraron incumplimientos configurativos de pérdida de confianza y concluyó que no había una causa legitima para el despido. Ello sentó las bases para que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, pidiera su indemnización.
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"Véase que la imputación que justificó el despido carece del detalle que permita a la sujeto conocer con precisión o deducir inequívocamente, cuál sería la específica información que se le enrostró haber divulgado indebidamente”, indicó la Cámara al analizar la carta de cese de funciones.
Tras alcanzar esas conclusiones y asegurar que "no hay evidencia de que, previo al despido, la empleadora haya realizado una investigación o sumario interno en pos de demostrar las imputaciones que dirigió contra la trabajadora", la Cámara desestimó el recurso de apelación sobre la condena de pago de indemnización, el 16 de octubre de este año.