República Dominicana deporta en masa a miles de haitianos en la frontera con su país vecino
La frontera entre la República Dominicana y la de Haití se ha convertido en un lastimoso escenario de flagrante vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Tan solo en el mes de julio, 26.058 personas fueron deportadas, según datos proporcionados por la Dirección General de Migración (DGM) dominicana. Son detenidos durante el día mientras trabajan en las principales urbes del país, tales como Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago de Los Caballeros, muchas veces sin garantía alguna a sus derechos fundamentales, ni acceso a un debido proceso migratorio. En ocasiones, son detenidos a altas horas de la madrugada en los bateyes (asentamientos precarios haitianos), sin previo aviso y sin posibilidad de recoger sus pertenencias o documentación.
Niños, hombres y mujeres permanecen en los puntos de detención a veces hasta por tres o cuatro días sin alimentación e hidratación adecuada, en deplorables condiciones sanitarias y sin posibilidad de intimidad alguna. Menos pueden contar con acceso a un abogado o defender su situación migratoria ante la autoridad competente. Luego son trasladados hacinados en los camiones de la DGM (con capacidad para 52 personas, de donde hemos visto descender a más de un centenar de individuos) a uno de los cuatro pasos transfronterizos que comunican a los dos países que si bien comparten un mismo territorio insular, claramente no comparten la misma suerte.
De ellos descienden mujeres embarazadas, menores no acompañados, jóvenes y adultos mayores, heridos y enfermos, que son acorralados a un país, cuya lengua y cultura no conocen, por nunca haber puesto un pie en Haití. Gran parte de esta masa de personas sin rostro son de ascendencia haitiana nacidos en suelo dominicano que no han podido regularizar sus papeles, por los gravosos requerimientos que este procedimiento exige, tanto en tiempo, como en recursos. Baste decir que la visa actualmente asciende a 450 dólares, además que se les exige trasladarse una vez al mes a la frontera para sellar el pasaporte con un costo de 20 dólares más.
Si bien la expulsión de extranjeros es una potestad propia de la soberanía de los Estados, estas deben respetar ciertas limitaciones impuestas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el derecho a no ser discriminado ni recibir tratos arbitrarios o el principio general del Derecho conocido como No Devolución y el derecho a la protección de la vida familiar.
Ante diversas denuncias por parte de asociaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y reiterados requerimientos de Naciones Unidas, como el último comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones, Volker Türk, en noviembre del año pasado, el Presidente Luis Abinader calificó de “inaceptables e irresponsables” tales declaraciones. Agregó que “la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno” y que no sólo continuarían las repatriaciones de ciudadanos haitianos que se encuentren ilegalmente en el país, sino que además esta medida sería incrementada en los meses subsiguientes.
Por su parte, ante la situación que Türk calificó como “desgarradora” por la actual crisis humanitaria que sufre la nación haitiana, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa respondió afirmando que “la verdadera situación desgarradora es la inacción de la comunidad internacional para buscar una solución desde el mismo país (Haití) y no desde la República Dominicana”.
A esta crisis de la gestión migratoria que mantiene subsumidos en una profunda incertidumbre jurídica al éxodo haitiano en su país vecino, se suman otras amenazas globales en la frontera, como constatados casos de corrupción de las autoridades migratorias y del propio CESFRONT (Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre), el tráfico ilícito de inmigrantes e incluso la trata de personas.
El muro fronterizo, cuya construcción comenzó en febrero de 2022, consiste en una base de hormigón con doble verja perimetral en los tramos más conflictivos, robustecido por dispositivos tecnológicos como sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares térmicos 360, drones, cámaras de seguridad PTZ y sistema de rayos infrarrojos. Incluso, el mandatario dominicano anunció que se instalará un avanzado procedimiento de control biométrico para el registro de las personas que entren al país por los pasos transfronterizos regulados.
Se trata del sistema ABIS desarrollado por la empresa alemana DERMALOG, líder mundial en el sector. Este complejo dispositivo conjuga las huellas dactilares con fotografías, lo cual permite identificar con un mínimo margen de error la identidad de una persona, además de registrar los datos demográficos (nombres, documentos y localización, entre otros).
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Si bien se prevé que la inversión de en esta infraestructura valorada en 31.000 millones de dólares permita un mayor control de los pasos transfronterizos, difícilmente conseguirá disminuir las altas cifras de tasa de retorno de quienes son deportados a un Estado fallido, donde han cabalgado todos los caballos del Apocalipsis. En efecto, el pueblo haitiano ha sido víctima de sucesivos estragos, tanto de corte natural, como el devastador terremoto de 2010 y el huracán Matthew en 2016, como de talante antropogénico, intensificados desde el magnicidio que se cobró la vida del ex Presidente, Jovenel Moïse en julio de 2021.
La diáspora de haitianos en países como Estados Unidos, Chile, Brasil y República Dominicana no cesará hasta que no se solucionen los problemas base de la crisis humanitaria, sanitaria y el gran clima de inseguridad humana que se vive en el Estado fallido en que se ha transformado Haití. Mientras esto no cambie, las deportaciones en masa encarnan una medida cosmética que sólo contribuirá a aumentar la vulnerabilidad de quienes hoy son considerados verdaderos dalits en la estructura global contemporánea, violentando la dignidad intrínseca que le corresponde a toda persona humana, por el solo hecho de ser tal.
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