ECU-911: Contratos que dan pánico
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Para implementar “de emergencia” el sistema ECU-911 a lo largo y ancho del país se gastaron 273 millones de dólares entre obra civil y equipos electrónicos. Los hicieron dos empresas chinas, una de ellas ofreció construir 12 centros en 61 millones; hizo siete y por el mismo precio.
“Este sistema, por sus características, será el mejor centro de atención de emergencias en nuestra América”, dijo el entonces presidente Rafael Correa, en febrero de 2012, mientras inauguraba el primer ECU-911 en Samborondón, cerca de Guayaquil. “Aquí tenemos la tecnología más avanzada del planeta”, añadió. “Solo esta primera fase nos cuesta unos 240 millones de dólares”, remató.
En realidad terminó costando 273 millones. Los trabajos declarados de emergencia estuvieron a cargo de dos empresas chinas y una ecuatoriana. Cuando la Contraloría llegó, no pudo hacer un estudio pormenorizado de los gastos porque ni las empresas involucradas ni las entidades públicas contratantes presentaron las planillas, aduciendo confidencialidad. El organismo de control ha publicado dos informes en los que apenas cuestiona algunos aspectos las obras civiles. El grueso, es decir los 170 millones gastados en el equipamiento electrónico, al parecer, no pasó por completo por la lupa de Contraloría.
En los millones restantes, los hallazgos van desde la duplicación del costo del metro cuadrado de construcción “porque el terreno era diferente”, hasta el haber firmado un contrato para construir 12 centros y haber entregado solo siete, sin rebajar un solo centavo.
Para cuando llegó la Revolución Ciudadana, el control de la fuerza pública y por tanto de la seguridad ciudadana, se convirtió en motivo de pugna política entre el Ejecutivo y varios alcaldes.
Quito, Guayaquil y Cuenca habían asumido la competencia en seguridad, amparados en la Ley de descentralización. Los municipios estaban autorizados a cobrar tasas especiales y hasta podían recibir préstamos de multinacionales para esos propósitos. Pero la constitución de Montecristi cambió las cosas y centralizó la seguridad ciudadana.
Entonces el gobierno decidió montar su propio sistema con cámaras de vigilancia y mecanismos de respuestas ante emergencias, a nivel nacional. El primer paso se dio en agosto de 2010 cuando el Banco de Desarrollo de China otorgó un préstamo de mil millones de dólares de los cuales, cien eran para financiar los inicios del sistema nacional de seguridad ciudadana.
El 4 de enero de 2011 el presidente Rafael Correa “priorizó la ejecución el proyecto”. Catorce días después el agregado militar de China en Quito propuso a la empresa de electrónica CEIEC, de su país, para instalar el “sistema de comando y control”. El convenio de crédito obligaba a la contratación de “empresas públicas pertenecientes al gobierno de la República Popular China”.
El 23 de febrero se firmó por cien millones de dólares con CEIEC. Estaban incluidos los sistemas de comando y control de los centros de Samborondón, Cuenca, Ambato, Machala, Quito, Portoviejo y Tulcán. Los restantes serían luego motivo de otro contrato de 70 millones.
Paralelamente, se le había encargado a la estatal Inmobiliar la recuperación y remodelación del abandonado centro comercial Puntilla Mall, una herencia de la crisis bancaria que había dejado la familia Isaías como parte de los pasivos de Filanbanco. Allí, en febrero de 2012, se inauguró el primer centro de vigilancia ECU-911. Informaciones de prensa revelaron que la remodelación interior del Puntilla Mall costó 10 millones.
Por instalar las pantallas y el restante componente tecnológico, CEIEC, especializada en electrónica, firmó dos contratos que sumaron 170 millones de dólares. Cuando Contraloría se interesó por el ECU-911, esos equipos no estaban totalmente instalados por lo que se limitaron a una revisión de su operatividad en Samborondón.
Allí encontraron que un programa que debía automáticamente permitir a los operadores saber desde dónde se originaban las llamadas de auxilio, no estaba completamente operativo. La geolocalización funcionaba solo con las líneas fijas de CNT, pero no con otras operadoras. La empresa china alegó que aún no se realizaba la entrega definitiva y que esos problemas se iban a solucionar con una actualización del sistema operativo y a medida que las operadoras fijas y celulares colaboren con la información. La rendición de cuentas de 2016 asegura que la geolocalización funcionó y que durante el terremoto permitió ubicar a personas desaparecidas.
Siete a precio de doce
Para levantar las edificaciones en las diferentes ciudades, se contrató a otra empresa china. La designada fue CAMC Engineering. Para agilitar el proceso, el ministerio Coordinador de Seguridad “declaró en emergencia la implementación y puesta en marcha” del proyecto. El contrato por 61,8 millones de dólares se firmó la víspera de Nochebuena de 2011. El objeto era construir un gran centro en Quito y 12 más pequeños a lo largo del país.
Según el contrato, CAMC tenía dos años para ejecutarlo y en él se detallaba el costo por metro cuadrado de construcción y cuánto costaría cada centro. Así, la misma CAMC hizo los diseños, Inmobiliar buscó los terrenos y el Instituto de Contratación de Obras (ICO) actuó de fiscalizador.
Un año después, el 7 de enero de 2013, el ministerio Coordinador de Seguridad, Inmobiliar y CAMC Engineering, acordaron “extinguir la obligación” que la empresa china tenía de entregar seis de los 13 centros regionales. ¿Qué pasó?
Sí se construyó en Quito, Machala, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas, Portoviejo y Babahoyo. En un informe hecho por el administrador del contrato se indicó que “existieron varios factores que determinaron el incremento de costos”. Uno de ellos fue la extensión de los terrenos donados “que permitió entregar a las ciudades… parques más amplios con áreas verdes y servicios a la comunidad”.
Según versión que recogió Contraloría, esto “conllevó a subir los costos por rellenos y arreglo de exteriores, sistemas e iluminación, regadío, etc”. Además argumentaron que “por la constitución de los suelos de muchos de los predios, fue necesario realizar trabajos especiales para su reconformación y cimentación”.
Revisando el detalle de cada centro, encontramos que, por ejemplo, en Quito, construido sobre el Itchimbía, el área de construcción aumentó de 5.000 a 7.500 metros cuadrados. Pero cada metro cuadrado de construcción también se incrementó un 18 por ciento.
En Machala el edificio final resultó solo un cuatro por ciento más grande al planificado pero el precio de cada metro cuadrado de construcción subió de 1.570 a 3.413 dólares. Los precios también se duplicaron en Santo Domingo y Esmeraldas. Donde menor fue el incremento del metro cuadrado de construcción fue en Babahoyo; se planificó pagar 1.570 dólares por metro de construcción y se pagó dos mil.
En resumen, por esta “duplicación de precios” pasó lo increíble. El monto del contrato se mantuvo fijo en 62 millones pero como “se acabó la plata”, luego de edificados siete de los 12 centros, la constructora parece que dijo: “me voy”.
El “convenio de terminación parcial del contrato por mutuo acuerdo” justifica los hechos y asegura que éstos: “constituyen circunstancias técnicas y económicas imprevistas” y añade que por estas razones las partes acordaron “extinguir la obligación” de construir los seis centros restantes. Contraloría consideró aceptable la justificación y no glosó.
¿Cuánto realmente costaron?
Para ejecutar las seis edificaciones restantes se firmó un nuevo contrato por 38 millones, esta vez con la empresa CEIEC (China National Electronics Export & Import Corporation). Es la misma que instaba los equipos tecnológicos. En esta etapa se terminó pagando 39,9 millones. Pero eso no es todo. La Contraloría asegura que “se evidenció que los trabajos, objeto de este contrato, fueron ejecutados por empresas subcontratadas”.
Los auditores no pudieron acceder a los detalles de las subcontrataciones, “debido a que ni las empresas subcontratadas ni CEIEC entregaron las facturas correspondientes”. Se adujo una cláusula de confidencialidad inmersa en los subcontratos.
Así, los chinos subcontrataron a tres empresas ecuatorianas, entregándoles las obras civiles de dos centros a cada una. Según la ley ecuatoriana las subcontrataciones no deben superar el 30 por ciento del monto del contrato. CEIEC aseguró a Contraloría que esos contratos llegaban solo al 27 por ciento, pero no los presentó.
La cláusula de confidencialidad, también detectada en otros contratos con otras empresas chinas, según la Contraloría contradice a la Ley de Transparencia que dice: “Los auditores gubernamentales tienen acceso irrestricto a cualquier documentación necesaria para llevar a cabo las labores de control”.
Sin embargo, los subcontratistas sí enviaron una información general de lo que cobraron. Una de ellas, Tevicor, dijo que fue contratada para construir los centros de Loja y Macas y que por los dos cobró 3,7 millones. Por esos mismos dos centros, la empresa anterior había presupuestado 7,8 millones cada uno. Y eso no es todo. Ambos son iguales al de Santo Domingo que terminó costando 8,6 millones.
Otra empresa, Smartbild, que hizo Riobamba y Tulcán, facturó 2,9 millones por los dos. Es decir que los dos costaron tres veces menos que los de Machala o Santo Domingo que se acercaron a los nueve millones cada uno.
A todo esto habría que sumar otros pecados como que en los libros de obras aparece que en la construcción trabajaron 499 personas, pero en las planillas entregadas al IESS solo constan 49. O que la empresa ofreció tener 19 profesionales técnicos pero solo aparecieron registros de cuatro. O que otra empresa privada, subcontradada para el cableado, cobró a CEIEC 795 mil dórales y que según Contraloría, la compañía CEIEC cobró al ECU-911, por el mismo cableado, 2,7 millones”.
Y la última: Según los fiscalizadores y administradores de los diferentes contratos, ellos tenían únicamente la obligación de verificar que los costos facturados concuerden con los expresados en los contratos aprobados por la entidad contratante” y no con los costos verdaderos del mercado.
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