Hoy, en un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido por primera vez estándares para proteger los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la violencia sexual de todas las niñas en entornos educativos de la región latinoamericana.
El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM-Guayaquil lograron que la Corte IDH condenara al Estado de Ecuador por no proteger el derecho a la vida, integridad personal, educación, y no discriminación de Paola Guzmán Albarracín, una niña ecuatoriana que en 2002 fue acosada y abusada sexualmente por el vicerrector del colegio público al que asistía.
La Corte dio por probado que Paola vivió una situación continuada de abuso y violencia sexual que le generó un grave sufrimiento lo que le llevó a suicidarse. Las autoridades educativas tuvieron conocimiento pero no hicieron nada y la dejaron morir.
“Se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia Ecuatoriana. Ahora queda claro que mí Paola, fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio. Sé que no la tendré más conmigo, pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano pues con esta sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más ¡Por fin se hizo justicia para mí Paola!”, dijo la madre de Paola, Petita Albarracín.
El tribunal regional reconoció que cuando el personal educativo aprovecha sus posiciones de poder y confianza para engañar afectivamente a niñas y adolescentes se constituye violencia sexual en contra de ellas. De ninguna manera hay lugar a suponer que ellas incurren en algún tipo de provocación.
En el caso de Paola, la Corte IDH reconoció por vez primera que el derecho a la educación contempla la educación sexual y reproductiva. La decisión señala que a Paola no se le garantizó este derecho lo que, justamente, no le permitió comprender y denunciar la violencia sexual que sufrió.
La Corte también pidió que el Estado ecuatoriano inicie acciones de reparación y no repetición de manera inmediata, que serán supervisadas por ella misma, la cuales incluyen fortalecer medidas para prevenir la violencia sexual en contextos educativos.
“Con esta sentencia, se cierra un ciclo, pero se abre uno nuevo para las familiares de Paola, que deben retomar su propio proyecto de vida que se interrumpió hace 18 años. Como organizaciones sociales nos corresponde continuar con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injustica en contra de Paola", dijo Lita Martínez, directora ejecutiva de CEPAM-Guayaquil.
Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, destacó el alcance regional: “esta es una victoria sin precedentes porque hemos logrado que la Corte IDH cree estándares para luchar contra el acoso y el abuso sexual en los colegios de toda América Latina. La Corte entendió que el caso de Paola es el de otras miles de niñas y adolescentes que fueron víctimas no solo de sus abusadores sino de la falta de educación sexual y reproductiva”.