La inestabilidad política y económica desafía al sector de la construcción en Ecuador
El sector de la construcción en Ecuador decrece por la inestabilidad política, falta de crédito e inseguridad, aunque innovaciones en proyectos y asociaciones público-privadas muestran potencial de crecimiento.
El sector de la construcción se está recuperando tras la pandemia, con el 70% del mercado destinado a obra pública y el 30% al sector privado según indica la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon).
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha lanzado licitaciones para proyectos clave, como el "Mantenimiento por Resultados" de la carretera E45 y mejoras en vías y sistemas de agua en varias regiones.
La inversión total supera los US$ 50 millones. No obstante, el sector enfrenta desafíos como la inestabilidad política y económica, que deben superarse para asegurar un crecimiento sostenible.
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Según José Miranda, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), la situación del sector de la construcción en el país enfrenta múltiples desafíos que afectan su crecimiento, como: la falta de confianza y respaldo institucional, sumada a la inseguridad y la escasez de empleo, han creado un entorno difícil para los contratistas.
Otro de los factores señalados por el ejecutivo es la extorsión y los secuestros los cuales afectan tanto a la obra pública como a la privada, lo que desincentiva la inversión y limita el desarrollo del sector.
El profesional señala que el crecimiento del sector en Quito está estancado, mientras que Guayaquil registra baja actividad constructiva. No obstante, indica que Manta y Portoviejo se destacan por la agilidad de sus trámites, lo que ha facilitado el desarrollo de proyectos de vivienda.
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Miranda resalta el papel de las asociaciones público-privadas en cierres de acuerdos, aprobando proyectos por más de US$ 4.000 millones centrados en la mejora de la infraestructura vial. “Esto beneficiará al sector y abre oportunidades para contratistas pequeños y medianos”.
Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, por su parte destaca que el sector de la construcción ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, sin embargo, en 2023 observa un decrecimiento del 18% en las reservas de viviendas.
Este retroceso lo atribuye a la inestabilidad política, la crisis económica y un aumento en la inseguridad. “En el primer trimestre de 2024, el PIB de la construcción también se redujo en un 4%, lo que refleja un estancamiento preocupante en el sector”.
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Además, el ejecutivo menciona que la inversión en obra pública ha disminuido drásticamente, con solo US$ 38,2 millones invertidos en el primer semestre de 2024, un 58% menos que el año anterior. Este descenso en el gasto público, junto con la caída en el mercado inmobiliario considera que ha contribuido al decrecimiento del sector.
Proaño califica a la construcción como fundamental, ya que genera aproximadamente 485.000 empleos directos y afecta a cerca de un millón y medio de personas en el país. Por ello, insta a que el gobierno tome medidas para revitalizar esta área.
“En cuanto al financiamiento estamos complicados, porque el costo del dinero ha subido para la banca y la banca al ser un negocio privado lo que quiere es rentabilidad. Entonces lo que menos les conviene es poner su dinero en créditos hipotecarios que poseen tasas bajas de interés, de más o menos 10.75% y a plazos grandes. Entonces al tener dinero costoso, la banca prefiere poner sus préstamos en créditos de consumo, créditos comerciales y deja de lado los créditos hipotecarios”.
Por el lado de la iniciativa privada, constructores como David Concha, director ejecutivo de MinutoCorp, señala que aunque el mercado inmobiliario en Ecuador está contraído, existen áreas de crecimiento como Samborondón y Cumbayá, donde la demanda sigue activa. Concha indica que como promotora inmobiliaria han identificado estas zonas con potencial y ha desarrollado proyectos importantes como Riberas del Buijo y el complejo comercial-industrial Almax, instalaciones que cuentan con más de 60 hectáreas.
Además, el ejecutivo señala que han innovado con productos para pequeñas y medianas empresas, como bodegas en Almax, proporcionando soluciones formales a un mercado que antes recurrían a la informalidad. “También hemos tomado riesgos al introducir apartamentos en áreas tradicionalmente dominadas por viviendas unifamiliares, como el proyecto Grand View en vía a la Costa, que cuenta con 700 apartamentos y amplias áreas comunes, incluidos más de 800 árboles nativos replantados”.
Concha indica que han experimentado un crecimiento rápido en estos últimos cinco años. A su vez resalta el enfoque de cumplir con regulaciones municipales y respetar las normas, lo cual le permite a la empresa entregar sus proyectos a tiempo. La compañía actualmente emplea a cerca de 1.200 personas, entre empleados directos y aquellos que trabajan con sus subcontratistas.
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Alejo Barrazueta, gerente general de Constructora Barrazueta, también ha sido víctima de la baja en el sector. El ejecutivo indica que el sector privado al día de hoy vendió 305 unidades, una cifra baja comparada con los años anteriores. Barrezueta señala que 2013 se alcanzó un récord de 11.800 unidades vendidas en Quito, mientras que el promedio anual solía estar entre 7.000 y 9.000 unidades. “Actualmente, se vende aproximadamente el 30% de lo que se logró en el año récord y el 50% de lo que se vendía en un año promedio”.
Barrazueta indica que a pesar de que las ventas en dólares podrían aumentar con la demanda en segmentos más altos, las unidades vendidas siguen siendo bajas. Según el constructor el segmento de Vivienda de Interés Público (VIP) enfrenta tres problemas estructurales: muchos clientes no califican para créditos bancarios, las precalificaciones se caen por deudas acumuladas, y aunque hay una gran demanda de vivienda, la cantidad de personas con capacidad adquisitiva ha disminuido significativamente.
“El problema es que la demanda insatisfecha calificada ha bajado un montón", señala el profesional, refiriéndose a la capacidad de compra de los clientes. “Cada vez que se le pide un requisito adicional a las personas, automáticamente quedan fuera", añade, destacando la discrecionalidad del banco para aprobar o rechazar créditos.
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