El confinamiento le pasa factura a los ciudadanos: en Guayaquil, las planillas de energía eléctrica registran incrementos inusuales. ¿Quién tiene la culpa?
Víctor Guaranda, un adulto mayor de 75 años, hace fila en los exteriores de la matriz de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), al norte de Guayaquil. Él no puede darse el lujo de cumplir el pedido del Gobierno, de quedarse en casa para evitar contagios: llegó hasta ese sitio porque su planilla de luz de mayo registró un incrementó de más de 1.500 por ciento: pasó de 40 dólares mensuales a 500 dólares.
En su humilde casa en la cooperativa Pancho Jácome, al noroeste de Guayaquil, vive solo con un hijo, así que no entiende a qué se debe el aumento. “Aquí me dicen que primero pague y luego que presente el reclamo”.
Esa respuesta también recibió Raúl Llamuca, un profesor jubilado que estaba en la misma fila, en donde lo que menos importa es el distanciamiento. Hasta octubre, Llamuca pagaba, en promedio, 40 dólares por la electricidad; luego llegaron facturas por más de 100 dólares. Dejó de cancelarlas y hoy debe más de 1.200 dólares. "Mi situación económica no da para poder pagarla”, reconoce.
Desde que inició la pandemia, en marzo del 2020, los ecuatorianos aumentaron su tiempo en casa en más del 20 por ciento (Google Mobility) para trabajar, estudiar o simplemente pasar el tiempo. Por el contrario, la presencia en lugares de trabajo se redujo incluso por encima del 60 por ciento.
¿Resultado? Reducción en el pago de servicios básicos para las empresas pero por otro lado aumento de esas planillas en el sector residencial. De hecho, la Rendición de Cuentas de CNEL del 2020 señala que “la facturación residencial mantuvo una tendencia al alza (...)”; un año atrás ese segmento representaba el 40% de la facturación total por venta de energía (cerca de 500 millones de dólares).
Desde CNEL se menciona que “el costo de la energía eléctrica no es fijo, cambia de acuerdo a los rangos consumidos dentro del mes de facturación. El costo incrementa a medida que aumenta el consumo”.
Zaida Rovira, defensora del Pueblo (e), asegura que no son situaciones puntuales sino que es una política generalizada que afecta a los ciudadanos. Ella sustenta su comentario en que los problemas de facturación en CNEL no son nuevos. “El año pasado, luego del fin del confinamiento, hubo una situación similar”.
Lea también: CNEL suspenderá los cobros de planillas en casos de reclamos de los usuarios; revisará medidores
En ese momento, el gobierno de Lenín Moreno reconoció el error: cuando inició la emergencia sanitaria, el personal de la empresa encargada de hacer las lecturas de los medidores en cada casa no trabajó y para mantener la facturación se hizo un promedio de planillas anteriores. El Ejecutivo ordenó retomar la facturación manual y devolver los valores cobrados de más.
Este año, el “error” volvió a suceder. Pero Rovira va más allá. "Lo vivimos el año pasado, pero también en 2019 y 2018. La Defensoría ha abierto varios expedientes a nivel provincial, se resuelve el problema porque se refactura, pero luego de cuatro o cinco meses vuelve a suceder lo mismo”, cuestiona.
El año pasado CNEL, que distribuye y comercializa energía eléctrica a 2,6 millones de clientes en nueve provincias, reportó 100 mil reclamos (8.300 al mes); el 20 por ciento correspondieron a Guayaquil. Pero en el último mes que pasó recibieron más de 15 mil reclamos solo por problemas de facturación, es decir, casi el doble que antes.
ALTA TENSIÓN
En el programa Punto de Orden, en Radio Centro, Luis García, gerente Comercial de Cnel, explicó que se usa un pliego tarifario que tiene un componente exponencial en su cálculo. “En el SRI, quien tiene menos ingresos paga menos impuesto a la renta, y quien tiene más, paga más. Es un modelo de cálculo que se aplica al sector eléctrico”. Hoy, añade, un poco menos del 15 por ciento de sus clientes consumen más de 500 kilovatios/hora (kWh); ellos pagan una tarifa más elevada. “El 34% consume menos de 150kWh y el 50% consume hasta 500kWh”.
En resumen, quienes consumen más de 500kWh, al pagar más, subsidian la tarifa de quienes consumen menos. Por eso, García explicó que si establece un modelo contrario al actual, es decir, donde quienes consumen más paguen la misma tarifa, esto provocará una afectación para quienes consumen menos.
Vistazo solicitó una entrevista a los voceros del CNEL para incluir su versión en el reportaje, pero hasta el cierre de la edición no lo obtuvimos. En su momento, sus funcionarios aseguraron que el aumento de las planillas obedece al confinamiento y las nuevas modalidades de interacción, entre esas el teletrabajo.
Más allá de esa obviedad, Víctor Coloma, directivo del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (Criel), cree que el problema va más allá. Asegura que hay falencias en las empresas que están encargadas de realizar las lecturas de los medidores, que a su vez trabajan con subcontratistas. "Ellos (subcontratistas) están acostumbrados en que si no les pagan a sus empleados, simplemente promedian el consumo y empieza el problema de nuevo", explica el especialista.
La lectura de los medidores la realiza Lecto Guayaquil, un consorcio que recientemente firmó un contrato por cuatro millones de dólares con CNEL. Quienes trabajan allí van a los domicilios a leer los medidores y 15 días después entregan las planillas. "Deben dividir ese contrato de cuatro millones para varios contratistas y así abarcar más zonas. De esa forma, si hay un problema con una contratista, es una sola y no en todo Guayaquil", recomienda Coloma.
Antes de dejar el poder, el gobierno de Lenín Moreno conoció sobre las nuevas irregularidades. De hecho, el 23 de mayo, el entonces ministro de Energía, René Ortiz, ordenó solucionar el problema respecto a la facturación. Para ello se dio plazo hasta el 7 de junio. Pero el día que Llamuca y Guaranda presentaron su reclamo, un funcionario de Cnel les dijo que cada uno de los trámites se evalúa y que el valor del kilovatio hora no lo ponen ellos sino la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Eso sí, en un comunicado detallan que las medidas de compensación fijadas por el Gobierno en 2020 ya no están vigentes. Y que si bien garantizan que los valores de los consumos leídos en los medidores son confiables, “existen circunstancias que no permiten obtener una lectura real”.
Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil, también cree que el problema está en la toma de lecturas. Él, auspiciado por el Consejo de Participación Ciudadana, intentó encabezar una veeduría a Cnel en octubre pasado, pero nunca le dieron las facilidades. "El que nada debe nada teme; debían proveernos de información para saber el sistema de refacturación", critica quien cree que el nuevo Gobierno debe ordenar una auditoría general a las eléctricas del país. Sospecha que la sobrefacturación podría esconder pérdidas y así mejorar sus niveles de eficiencia.
Algo parecido plantea la defensora Zaida Rovira. Ella adelanta un nuevo recurso legal que declare la vulneración de derechos. Pero esta vez lo harán de manera conjunta con asambleístas y el Consejo de Participación Ciudadana. También busca corregir ciertas prácticas que afectan al consumidor. “Que se deje de facturar en base a presunciones y que se implemente una instancia de apelación. Hoy un ciudadano, cuando pierde el reclamo, no puede impugnar y debe cancelar de manera íntegra la planilla”.
Mientras se ponen de acuerdo, desde Cnel sugieren el uso eficiente de la energía eléctrica como medida preventiva. Respuestas que no dan luz al final del tunel.