El excontralor Pablo Celi fue sentenciado a trece años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, de acuerdo a lo resuelto por los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa dentro del caso Las Torres, este viernes 10 de febrero.
El dictamen, emitido en la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el norte de Quito, también dispuso penas para otros diez procesados, entre ellos el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, quien fue sentenciado al mismo periodo de tiempo de privación de libertad que enfrentaría Celi.
En adición, se resolvió que Flores y Celi paguen una indemnización al Estado que asciende a los 250 mil dólares y una multa de 150 salarios básicos unificados.
De acuerdo a un boletín de prensa de la Fiscalía emitido este viernes, ambos eran "líderes de un grupo estructurado, cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa Nolimit S. A., entre 2017 y 2020".
#AHORA | Caso #LasTorres: Tribunal sentencia al excontralor Pablo C. y 10 personas más. #FiscalíaEc demostró la responsabilidad de todos los procesados en el delito de delincuencia organizada. #FiscalíaContraElDelito
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2023
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La entidad acotó que la sentencia condenatoria tuvo como base treinta y un pruebas testimoniales y veinticuatro evidencias documentales presentadas por la Fiscal Diana Salazar.
"Además, Natalia C., exasesora de la Gerencia de Petroecuador; y Daniel O., exgerente de Refinación de Petroecuador; recibieron la sentencia de nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad", considerados por los jueces como parte de la estructura que habría recibido sobornos, señaló la Fiscalía.
La defensa de Celi y Flores afirmó que sus clientes no realizaron ninguna exigencia de pagos ilícitos hacia la empresa referida ni se habría beneficiado de estos.
También señalaba que ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía determinaba su implicación en la supuesta estructura delictiva.
La sentencia que recibieron Celi y Flores constituye el máximo de la pena para el delito de delincuencia organizada, ante la cual se tuvo en cuenta que ambos eran servidores públicos, lo cual es considerado como un agravante.