Ecuador espera recibir en diciembre el último desembolso de 700 millones de dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El plan ha exigido un estricto ajuste y recorte en la inversión pública para reducir el déficit presupuestario que era de 7.000 mil millones de dólares y cerraría en 2.200 millones este año.
El ambicioso objetivo de lograr superávit para 2025, dice el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, implica un recorte en la inversión pública puesto que no se van a subir los impuestos. Reconoce que es un dilema, pero asegura que priorizar la reducción del déficit es lo mejor para los ecuatorianos. Ante las críticas sobre la aparente falta de inversión, dice que sí hay obra pública y que hay indicadores que demuestran que la economía ecuatoriana está en buen camino, en un contexto de recesión global.
-El Gobierno ha apostado por mejorar el déficit fiscal frente a la inversión pública. ¿Por qué?
Ecuador tiene que decidir: o sigue reduciendo el déficit fiscal o aumenta el plan anual de inversiones, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque eso es lo correcto para los ecuatorianos. Si nosotros aumentamos la inversión pública, en ese momento vamos a tener un mayor déficit fiscal. Lo primero que sucede es que incumplimos el acuerdo con el FMI. Eso significa que no llegarían los 700 millones de dólares del último desembolso en diciembre de este año para culminar con éxito. Y, si no se cumple con el FMI, no nos van a dar recursos ni el FMI ni los otros multilaterales (BM, BID, CAF). Si ningún multilateral nos presta, estamos obligados a salir al mercado internacional para obtener financiamiento, pero con el nivel de riesgo país actual (1.900 puntos) puede superar el 20 por ciento. Debemos seguir con el objetivo de reducir el déficit, si no nos quedamos sin fuente de financiamiento.
-¿Es posible reducir el déficit fiscal que se ha arrastrado por años?
Lo ideal siempre es tener más ingresos, pero en nuestras finanzas públicas tenemos más gastos que ingresos año tras año. De hecho, la deuda pública es la suma de los déficits fiscales. Cuando entramos al gobierno, el hueco fiscal era de 7.000 millones de dólares, el año pasado cerramos en 4.200 millones. Este año lo vamos a cerrar en 2.200 millones. Y en el 2025 tendremos superávit, es decir, más ingresos que gastos. Cuando una persona, empresa o gobierno tiene superávit, solamente así puede romper las cadenas del endeudamiento y ser financieramente libre. En la medida en que tengamos superávit podemos ir saldando la deuda pública y eso le da al país libertad económica.
-¿Pero mientras logramos el superávit cae la inversión pública?
Ecuador tiene que decidir: o sigue reduciendo el déficit fiscal o aumenta el plan anual de inversiones, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Básicamente hay tres tipos de ingresos: el ingreso tributario que es alrededor de 15 mil millones de dólares; el petrolero, alrededor de 3.000 millones; y los ingresos de autogestión. El ingreso petrolero no podemos incrementarlo porque no controlamos el precio ni la demanda mundial. El tributario tampoco porque no vamos a subir impuestos. Tenemos la visión de aumentar recaudación a través de mayor dinamismo económico. Solo es posible poder recaudar más sin subir impuestos si la economía crece. Si la economía no crece, no hay forma de recaudar más.
-Entonces, ¿se va a seguir cortando la inversión?
¿Qué sucede en la proforma del próximo año? Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a aumentar la masa salarial para los educadores en un poco más de 400 millones de dólares. Entonces el gasto corriente, sueldos y salarios, lejos de reducirse, por motivo de una sentencia de la Corte Constitucional, aumenta, sin contratar una persona más. Además, está el hecho de que la seguridad es un problema y se requieren más policías. Naciones Unidas dice que se requieren cuatro policías cada mil habitantes. Ecuador tiene 2,7. Para cumplir con el estándar internacional necesitamos 80 mil. Tenemos 52 mil, faltan 28 mil. De esos, 8.000 policías se están formando desde ahora y entran al presupuesto del próximo año. Entonces, por el lado del gasto corriente tienes estas presiones. ¿Qué te queda? El gasto de inversión.
-¿Es decir que habrá más gasto para sueldos?
Que tengamos ese dilema (entre reducir el déficit o la inversión) no implica que no hagamos obra pública. Tenemos un plan anual de inversión de 2.000 millones de dólares. A parte, está toda la obra pública que se puede y se debe hacer con inversión privada. Estamos hablando de concesiones, delegaciones y alianzas públicas-privadas.
-¿Y cuánto de esos 2.000 millones para obras se ha ejecutado?
La ejecución del Presupuesto General del Estado es del 75 por ciento. Hace un mes y medio circuló una información que era imprecisa. Decía que la ejecución del MIDUVI, a junio, era del siete por ciento. Lo cierto es que la ejecución era del 75 por ciento. En los tres meses que quedan del año estamos en la recta final de obras públicas. Entre lo que queda de este año y los dos primeros meses del siguiente se inaugurarán cuatro hospitales: Bahía de Caráquez, Manta, Pedernales, Durán. Yo personalmente los he visitado y puedo asegurar que los recursos han sido asignados.
-Le pregunto esto porque algunos sectores dicen que no hay inversión pública.
Le doy tres ejemplos: hemos entregado, desde mayo de 2021 a septiembre de 2022, a través del BEDE, 575 millones de dólares para obra pública de los municipios y prefecturas. La semana pasada estuve en Santo Domingo de los Tsáchilas y pudimos constatar el proyecto donde hemos entregado 14 millones de dólares para el mejor centro de faenamiento de todo el Ecuador, el camal más moderno. Ejemplo dos: a través de la CONAFIPS hemos entregado 537 millones de dólares a 184 cooperativas. Esa plata llega a decenas de miles de pequeños emprendedores urbanos y rurales. Y, desde BAN Ecuador, hemos entregado 615 millones de dólares en más de 137 mil operaciones, distribuidas en créditos al 1 por ciento de interés, 30 años plazo, para micro emprendedores y otros créditos para PYMES.
-De todas maneras, todavía tenemos grandes problemas. El último informe de FAO dice que hay 2,7 millones de ecuatorianos pasando hambre.
Todo lo que he hablado es microeconomía. Eso es una forma de poder ser empáticos Hay muchas cosas por resolver, pero yo si quisiera destacar al menos tres indicadores, teniendo en cuenta que estamos entrando a un período de recesión global. Uno: las ventas reportadas desde enero a agosto de este año marcan una cifra récord de 140 mil millones de dólares. Tenemos la tercera inflación más baja del continente americano. Y empleo: en el último año, las afiliaciones a la seguridad social han crecido en 130 mil. Nada de esto quiere decir que hemos resuelto los problemas crónicos, estructurales e históricos del Ecuador, pero sí estamos dando pasos para la reactivación y tenemos una estrategia que es el orden fiscal con el enfoque social.
-Usted ha hablado de empatía, ¿qué decir a la gente que va a un hospital y no encuentra medicina o atención?
Ya tenemos un abastecimiento de medicinas de más del 70 por ciento. Y a diciembre va a ser más de 90 por ciento. Una cosa es hablar de desabastecimiento y otra de corrupción en ciertas instituciones, donde puedan existir ciertos malos elementos que esconden, retienen o mal utilizan esos recursos. Tenemos el plan medicina cerca (externalización de las farmacias): ya son más de 80 mil recetas que se han distribuido gratuitamente a través de farmacias privadas. Eso es una solución moderna, ingeniosa, que nunca antes se ha hecho en Ecuador y sirve justamente para cortar la corrupción porque ya no vamos a tener hospitales acumulando inventarios, lo cual se presta para mala gestión y corrupción. Y no olvidar que estamos pagando deudas históricas.
-¿Qué deudas históricas?
Este año estamos pagando más de 1.700 millones de dólares a la seguridad social y en el presupuesto del próximo año tenemos más de 2.000. De hecho, tenemos el 100 por ciento de la aportación del 40 por ciento que ningún gobierno ha hecho. También, hace cuatro semanas hicimos un pago de 300 millones de dólares para salud de la seguridad social, que corresponde al IVA que el Estado debía devolver desde el 2011 y otra parte de prestaciones de salud de jubilados.
Además, se debía 172 millones de dólares a municipios y prefecturas por dos conceptos: devolución de IVA y transferencia de competencias sin recursos desde el año 2015. Es una deuda que dos gobiernos anteriores se hicieron los locos. Pagamos jubilados 140 millones de dólares, de personas que se jubilaron desde el año 2008. Y pagamos al ISSFA 85 millones de dólares que debía el gobierno anterior.
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