Bandas criminales quieren cooptar el poder político en las próximas elecciones. ¿Cómo opera el narcotráfico?
Las bandas criminales de Esmeraldas están empeñados en cooptar el poder político.
Los esmeraldeños llevan el miedo a flor de piel, y eso incluye a los políticos que también son blancos del crimen organizado, que también financiaría algunos candidatos a alcaldes y prefectos. Por Esmeraldas llega gran cantidad de droga a Ecuador para luego ser sacada por sus puertos a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Varios políticos han sufrido atentados. En vísperas de las elecciones seccionales, este es el panorama.
En Esmeraldas ya nadie contesta una llamada telefónica de un número desconocido. Todos temen abrir un mensaje de WhatsApp con fotos de su familia, con amenazas que si no “colabora”, le harán daño. Los esmeraldeños llevan el miedo a flor de piel, y eso incluye habitantes de a pie, trabajadores, funcionarios, autoridades, policías, militares, candidatos políticos. Cualquiera puede ser blanco del crimen organizado.
El capítulo más reciente de la escalada de la violencia ocurrió el 14 de noviembre pasado. Ese día fue asesinado Lorenzo Martínez Erazo, primo del candidato a alcalde de Esmeraldas, Frickson Erazo, un exfutbolista que ya ha sufrido dos atentados contra su vida.
Se puede evitar los mensajes y llamadas, pero en muchos casos los delincuentes van más lejos: dos sujetos a bordo de una motocicleta acuden hasta la casa o negocio y dejan un papel en las manos de la víctima, en el cual consta el nombre de una de las bandas criminales y la cifra en cientos o miles de dólares que exigen pagar como “vacuna”. Es la realidad que se vive en esta provincia fronteriza en el norte del país y que ha empeorado en el último año, en el contexto del aumento del narcotráfico y delitos conexos. Eso pese al estado de excepción que terminó la semana pasada y por el momento redujo los asesinatos y contuvo la tendencia creciente delictiva, por la acción coordinada entre la Policía y Fuerzas Armadas en esta provincia, Guayas y Santo Domingo.
A Jairo M., dueño de una despensa, le dejaron un papel con las características de la "vacuna" el 7 de enero, exigiéndole el pago de 2.000 dólares, pero prefirió no hacerles caso, al menos por esa ocasión.
Al día siguiente, a las nueve y media de la noche, sujetos desconocidos lanzaron un taco de dinamita al exterior de su domicilio, luego de lo cual le pidieron 6.000 dólares. El 31 de enero, lanzaron otro explosivo. El 7 de febrero, amenazaban a otro comerciante, de la misma manera: detonando tacos de dinamita. Al mes posterior robaron un conocido chifa de la ciudad, por no ceder a las extorsiones. También asaltaron una boutique de ropa...
Ahora que el crimen organizado está instalado en Esmeraldas, los agentes de Inteligencia que investigan sus crímenes y relaciones con otras actividades creen que sus cabecillas están empeñados en cooptar el poder político, el último paso para controlarlo todo. Ese es el patrón que funciona en Colombia y México con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En Esmeraldas operan a través de sus brazos armados para transportar y proteger los cargamentos de coca desde Nariño, en Colombia, hasta las playas esmeraldeñas y manabitas para llevarla hasta Centroamérica y EE.UU.
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LAS BANDAS GANARON PODER
Con la plata que reciben por sus servicios a los carteles, las bandas de los Tiguerones y Gánsters ganaron poder. Han reclutado más integrantes, tienen armas de dotación militar y han extendido sus acciones criminales más allá del narcotráfico. La más importante precisamente corresponde a las extorsiones.
El modus operandi quedó registrado en informes del Equipo Especializado de la Unidad Nacional Antidelincuencial de la Policía. A través de seguimientos e interceptaciones de llamadas y mensajes telefónicos, los agentes recabaron elementos que vinculaban a varias personas con Los Tiguerones. Quedaron registrados también los elementos que demostraron delitos como el tráfico de drogas, porte de armas, sicariato e intentos de asesinatos contra miembros de la banda antagonista “Los Gánsters”, con la cual disputan el territorio en Esmeraldas.
En abril pasado, la Policía detuvo a una docena de personas, entre ellas un conocido futbolista y un policía en servicio activo, que fungía de informante de la banda. 20 personas fueron procesadas por delincuencia organizada; algunas se sometieron al proceso abreviado, es decir, aceptaron su culpa, por una condena menos severa, mientras para otros el proceso judicial continúa.
Pero aquellas detenciones fueron solo otro golpe más para esa banda criminal. La violencia continúa imparable. Según un informe de Inteligencia, en Esmeraldas, se cuentan al menos 900 miembros de los Tiguerones, que trabajan para Jalisco Nueva Generación. Mientras que Los Gánsters serían unos 130 miembros, sumados unos 100 de la banda “Los Patones” y 130 de “Los Choneros”. Estas tres últimas organizaciones son aliadas y trabajan para Sinaloa.
LOS CANDIDATOS EN LA MIRA
Los atentados también son contra los candidatos. Hace más de una década se decía que Ecuador iba rumbo a convertirse en un narcoestado. Nadie puede asegurar si eso pasó o no. “Ahora camina a ser un estado fallido”, afirma Mario Pazmiño, docente de la Universidad Uniandes y exjefe de inteligencia del Ejército.
Un síntoma de esto es el terrorismo urbano que se ha visto en los últimos meses: coches bomba explotando en las calles, sucesos que se repitieron en las provincias de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas en los últimos meses. “Con eso estamos cruzando una línea”, dice Pazmiño.
Esto tuvo su génesis en 2018, cuando un coche bomba explotó a las afueras del cuartel policial de San Lorenzo, en plena frontera. Los autores fueron integrantes del Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, quien posteriormente secuestró y asesinó a un equipo periodístico de El Comercio.
Era cuestión de tiempo. La señal más reciente de este quiebre se manifestó el lunes 17 de octubre, cuando el candidato Frickson Erazo veía incendiarse su camioneta afuera de su domicilio, tras escuchar una explosión. Incluso hubo tres disparos que llegaron hasta su dormitorio. Por fortuna, nadie resultó herido. Nueve días después, dos sujetos a bordo de una motocicleta volvieron a lanzar un explosivo fuera de su domicilio, pero esa noche Erazo estaba fuera de casa, por su agenda electoral. Tres semanas más tarde, asesinaron a su primo Lorenzo, a pocos pasos de un centro comercial.
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¿EL CRIMEN SE TOMA LA POLÍTICA?
Erazo es uno de los once candidatos que se disputan la Alcaldía de Esmeraldas. Dice que nunca en su vida ha recibido amenazas ni intentos de extorsión, ni cuando era futbolista ni funcionario de Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). Tampoco en estos meses desde que lanzó su candidatura. “Los ataques llegaron sin previo aviso. Claramente es violencia política por mi candidatura. Hasta ahora no tenemos los resultados de las investigaciones (de Fiscalía)”, relata el candidato por el movimiento oficialista Creando Oportunidades (Creo). Añade que no sabe de dónde vienen las amenazas; tampoco quisiera señalar a alguien en específico porque eso podría entorpecer las investigaciones.
Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, este es un ejemplo de cómo las organizaciones criminales se intentan tomar el poder político. “Son formas de amedrentamiento del crimen organizado. Quizá no les conviene tal candidato o quieren alguien de su confianza en ese puesto político. El Estado les da acceso a redes de protección política, información de inteligencia, e incluso acceso a contratación pública para lavar el dinero”, explica el académico.
El presidente Guillermo Lasso ha dicho que tiene información sobre narcocandidatos, pero no ha presentado nombres ni ha hecho denuncias ante los órganos competentes. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha señalado lo mismo, e incluso se ha referido a “una candidata del cantón San Lorenzo”, en Esmeraldas, sin revelar más detalles.
Otro candidato que ha recibido atentados es el actual concejal Miguel Armando Ruiz, quien compite también por la Alcaldía por el movimiento Centro Democrático. Ruiz dice que en diciembre pasado empezó a recibir mensajes con fotos de su esposa e hija en el garaje de su casa. Era diciembre de 2021 y le pedían 6.000 dólares como vacuna, pero él no cedió. En febrero intentaron asesinarlo fuera de su domicilio y en agosto, dispararon contra su vehículo, que por suerte tenía blindaje.
Sobre Ruiz han caído señalamientos de tener algún tipo de relación con el crimen organizado. Pero él dice que son comentarios para desprestigiarlo. En enero de este año, fue arrestado por el supuesto delito de porte de armas. El concejal manejaba su vehículo Porche Cayenne cuando en un operativo militar, realizado cerca de la cárcel de Esmeraldas, fue detenido. En su auto se encontraron una pistola traumática, balas de goma y “3 municiones calibre 5.56”. Salió en libertad y lo declararon inocente, por tratarse de un arma de defensa personal, pues dijo que había recibido amenazas e incluso intentaron asesinarlo.
¿Pero las municiones? “Mi papá era militar y tenía esas tres municiones en la casa. Yo las atesoraba como un recuerdo y en aquella ocasión las tenía en el carro”, dice Ruiz en entrevista con la Alianza Código Vidrio-Vistazo. Pero, sobre todo, lo que más se cuestiona al concejal es su amistad y alianza con el político Álex Zambrano Quintero, quien fue detenido en marzo de 2022 por supuestamente formar parte de una organización delictiva de tráfico de drogas. Fue procesado por delincuencia organizada, junto a otras trece personas.
Zambrano Quintero, de 26 años, se pintaba como una promesa joven y fundó una organización política llamada Nueva Generación, pero desapareció del espectro público luego de su detención. Según la Fiscalía, los detenidos tenían una casa de acopio y distribución de droga en Mataje, cantón San Lorenzo, y operaban en distintas ciudades. La Policía les siguió la pista desde el 2021, según el proceso judicial. Algunos de los implicados se acogieron al proceso abreviado, aceptado su culpabilidad, mientras Zambrano Ruiz aún intenta demostrar su inocencia. Se presenta periódicamente ante un juez.
De su carrera política quedan innumerables fotos y videos en redes sociales junto al concejal Mario Ruiz, con quien forjó alianza durante varios meses y decían representar el cambio. “Yo no puedo responder por las acciones de otras personas”, dice Ruiz sobre su excompañero a quien no ha visto ni ha hablado desde que lo detuvieron. “Era un joven con grandes proyecciones. Lideraba el grupo juvenil de Alianza PAIS, luego fue de la Revolución Ciudadana y luego de Centro Democrático (partido por el cual aspiraba a lanzarse para concejal en estas elecciones, pero no se inscribió)”.
Ruiz añade que le causó sorpresa la detención de su excompañero, de quien todavía no se ha declarado su inocencia o culpabilidad. Pero sea cual sea el resultado “ni a mí ni a otros políticos nos está investigando Fiscalía o nos ha llamado a declarar por ese proceso.”
SILENCIO GENERAL EN LA ESTRATÉGICA ESMERALDAS
A ningún político en Esmeraldas le gusta hablar de otro, mucho menos cuando se usa la palabra narcotráfico o crimen organizado o bandas. Dicen que los vínculos entre política y delincuencia son claros, que todo es vox populi, pero nadie se atreve a señalar a alguien. Linder Altafuya, militante de Unidad Popular en la provincia verde y ahora uno de los siete candidatos a la Prefectura, dice que la narcopolítica desde hace años atrás ha intentado tomarse las instituciones y que hay indicios de quiénes son. El problema, según Altafuya, es que el crimen se reproduce en la impunidad, ya que en el sistema judicial se entrampan las denuncias. Del mismo criterio es un político que militó diez años un partido y ocupó cargos de elección popular, pero prefirió el anonimato. Según él, hizo denuncias en su momento, señalando nombres. Quienes más se benefician -recalca- son los abogados, fiscales y jueces que cobran miles de dólares sin que la justicia llegue.
El concejal Ruiz asegura que él sí puso una denuncia en la que consta el nombre de tres actores políticos a quienes hace responsable de los atentados que sufrió o lo que le pueda pasar. Pero argumenta que no puede dar detalles porque es información que se maneja bajo reserva. “Me ha dicho que pertenezco a una banda (Los Tiguerones), pero fueron ellos mismos los que me mandaron los atentados”, dice.
La amenaza de la penetración del crimen en la política es cada vez más palpable en Esmeraldas, que es una de las puertas de entrada del narcotráfico. Por esta provincia ingresan anualmente cientos de toneladas de toda la droga que se produce en Nariño, Colombia, según explica Mario Pazmiño. Esta es la importancia estratégica de la provincia y el porqué al crimen organizado le interesa controlarlo todo.
De allí, pescadores salen en botes y lanchas con la droga desde playas de Atacames, Tonchigue y Muisne hacia Centroamérica y EE.UU. Otro porcentaje significativo de la cocaína es embarcado en los grandes barcos cargueros que salen desde Guayaquil y Machala.
Según informes de Inteligencia, las bandas ya se han apoderado de sectores enteros donde el Estado ya no tiene control, como son los barrios Las Malvinas y Santa Martha, dominados por Los Tiguerones, y que pretenden extenderse hasta el barrio El Arenal. Todos sectores costeros. Allí reclutan a menores de edad para darles adiestramiento en el manejo de armas blancas y de fuego.
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EL REZAGO ESCOLAR
De hecho, en un reportaje Vistazo ya describió como es este reclutamiento de jóvenes que no tienen oportunidades en una de las provincias más deprimidas del país, donde el rezago escolar golpea al 18 por ciento de niños y adolescentes, cuando la media nacional es el 9 por ciento. Allí la pobreza afecta al 32 por ciento de la población y déficit de servicios básicos es del 39 por ciento, según el Instituto de Estadísticas y Censos de 2020.
Todos estos factores incrementan el riesgo y los políticos conectados con el narcotráfico tienden propuestas clientelares que los pueden llevar al poder. “Un alcalde o cualquier otra dignidad puede decidir qué barrio se atiene y cuál no, cómo se prioriza la obra pública, etcétera. Incluso se pueden crear modelos extorsivos para acceder a servicios básicos”, dice Daniel Pontón.
La provincia fronteriza tiene siete candidatos a la Prefectura y 46 candidatos a alcaldes para sus siete cantones: Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, San Lorenzo, Rioverde y Eloy Alfaro.
Todos los entrevistados para este reportaje coinciden en que si ya el narcotráfico ha cooptado militares, policías, jueces, es bastante probable que haya narcocandidatos. Piden al Gobierno que haga pública la lista de quienes dice tener claros indicios de su relación con el crimen organizado antes de que empiece la campaña electoral. De otro modo, sí hay un alto riesgo de que se tomen el Estado.
“Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico necesitan del Estado para cooptar su estructura y valerse de la legitimidad de la que goza el aparato represivo para perseguir competidores dentro del territorio», alerta el académico argentino Esteban Mizrahi, en un ensayo titulado “Narcotráfico y colonización del aparato estatal”. “Si esta operación es exitosa, no solo se consigue monopolizar el negocio, con la consecuente facilidad para incrementar los márgenes de rentabilidad, sino también y, sobre todo, absoluta impunidad para seguir operando en el ámbito donde se ha conseguido hegemonía”.
Otra de las facetas de los alcances de las bandas y carteles, es la de los operadores que lavan dinero a través de empresas. El último caso es el de Enrique Portocarrero, quien fue detenido en España, el 4 de noviembre último. Portocarrero, de 49 años, es una de las cabezas financieras articulada a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Desde 2020 creó varias empresas y una gasolinera.
Informes de Inteligencia dan cuenta de que a través de las empresas, en menos de dos años, tuvo ingresos por más de 7,1 millones de dólares, por los cuales no pagó impuesto alguno. A través de dos de sus amigos cecanos, Portocarrero finaciaba a candidatos de varios movimientos y partidos, que están bajo investigación de la Fiscalía.
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