La Comisión de Fiscalización y Control Político, por unanimidad, recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional continúe con la fase final del juicio político en contra del exministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, por presunto incumplimiento de las funciones, al haber autorizado a las empresas eléctricas de distribución la facturación estimada con base en los consumos históricos de los clientes.
El proceso político fue sustentado por los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quishpe, quienes responsabilizan a Ortiz por el incremento gradual de los precios de los combustibles, así como por los cobros excesivos por consumo de electricidad, en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19, mediante la aplicación de consumos estimados.
La Comisión, en su informe, recomienda que, más allá de la censura y la inhabilitación del ejercicio de cargo público en contra del exministro, es importante que el expediente sea remitido a las autoridades de control; en el caso puntual de los contratos con las empresas de corte y reconexión de energía eléctrica, que la Contraloría General del Estado realice los respectivos exámenes especiales.
Respecto del cobro excesivo por el planillaje presuntivo, el organismo recomienda se realice la liquidación a todos los usuarios por el valor efectivamente consumido y se emitan las notas de crédito por los valores cobrados en exceso.
Se solicita, además, que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de los tres decretos relacionados con la eliminación del subsidio a los combustibles y el mecanismo de bandas para el incremento de los precios y exhortan al Presidente de la República, Guillermo Lasso, derogue los referidos decretos.
Sobre la refinación de petróleo, la Comisión sugiere se establezca un plan de mejora de las refinerías en cuanto a la producción de combustibles, de manera que se supere la calidad de los mismos, pues mantienen condiciones contaminantes por encima de la norma internacional.