“La Constitución prohíbe la privatización del agua y exigimos ser muy responsables con las afirmaciones al respecto”
El Gobierno anunció la “construcción colectiva de un nuevo proyecto de ley de recursos hídricos que garantice acceso universal y justo al agua”.
En enero pasado, la Corte Constitucional declaró como inconstitucional la ley de agua promulgada en 2014 y ordenó al gobierno presentar un nuevo proyecto de ley en el plazo de doce meses. Aprovechando que este 22 de marzo se celebra el día mundial del agua, el presidente Guillermo Lasso, junto al ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, asistió a un evento en Cotopaxi, donde anunció la “construcción colectiva de un nuevo proyecto de ley de recursos hídricos que garantice acceso universal y justo al agua”.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, claro contradictor del gobierno, también aprovechó la fecha para realizar una marcha en Quito, para conmemorar el día del agua y entregar principios y mandatos de la ley de aguas a la Asamblea Nacional. En algunas intervenciones Iza ha planteado que el gobierno tiene la intención de privatizar el recurso hídrico.
No hay nada escrito aún. El gobierno recién iniciará diálogos con varios sectores y empezará la redacción del nuevo proyecto en septiembre, para entregarlo a la Asamblea Nacional en diciembre y, así cumplir el plazo de la Corte Constitucional. El viceministro de Agua, Óscar Rojas, habló con Vistazo para explicar el proceso y aclarar si habrá o no privatización.
¿Por qué la Corte Constitucional exige una nueva ley de agua?
La actual ley de recursos hídricos fue aprobada en agosto de 2014. El 10 de junio de 2015 se presentó una demanda de inconstitucionalidad. Y el 12 de enero de 2022 la Corte Constitucional determinó que la ley es inconstitucional por su forma. Esto quiere decir que se la declara inconstitucional porque no habría cumplido con el debido proceso legislativo de haberla socializado a las comunidades, comunas y nacionalidades indígenas. En esa sentencia, además de declarar la inconstitucional, establece que el presidente de la República deberá entregar un nuevo proyecto de ley en doce meses. Y para que no quede un vacío jurídico, la ley actual seguirá vigente hasta que exista una nueva ley aprobada por la Asamblea. Estamos atendiendo un mandato de la Corte Constitucional.
¿Qué contendría esta nueva ley que prepara el gobierno?
El proyecto de ley se basará en cuatro principios: corresponsabilidad, representatividad, gobernabilidad y garantía de derechos. Tenemos un proceso que ya inició dos meses atrás. La construcción de esta ley tendrá tres etapas. Una de preparación, que es en la que nos encontramos ahora y que termina hoy con el anuncio del presidente de la República en el Parque Nacional Cotopaxi, donde lanzó el inicio de ley participativa. Una etapa de construcción colaborativa que durará hasta agosto. Y una etapa de consolidación del proyecto de ley, de redacción y entrega a la Asamblea hasta diciembre.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dice que él también planteará sus propuestas para la nueva ley y que se debe garantizar la gestión comunitaria del agua.
El gobierno del encuentro ha sido muy claro: será muy respetuoso de lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional y, por otro lado, será respetuoso de lo que establece la Constitución en su artículo 318: se establece con mucha claridad que el agua es un patrimonio estratégico, de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado. ¿Quién es el Estado? Somos todos. Se prohíbe cualquier forma de privatización y la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, abastecimiento de agua potable y riego serán prestados únicamente por personas jurídicas, estatales o comunitarias. Esto quiere decir que se garantiza el acceso justo, equitativo y permanente, público, comunitario y universal al agua.
Es importante indicar que cualquier entidad o institución o ciudadano, vinculado al sector, puede elaborar un proyecto de ley y presentarlo. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de ley que la Corte Constitucional ha establecido, donde todos los actores sociales e institucionales del país están invitados. Los brazos están abiertos y las manos estiradas para que vayamos trabajando de manera conjunta.
¿Han invitado a Iza para construir la ley? Es decir, ¿hay una invitación formal y directa, ya que él dice que se intentaría privatizar el agua?
Que se diga que se va a privatizar el agua no corresponde. La Constitución, en el artículo 318, prohíbe cualquier forma de privatización del agua y exigimos a toda la ciudadanía ser muy responsables con las afirmaciones que se hacen al respecto. En efecto, las convocatorias serán para cada uno de los espacios de participación o difusión al que están invitados todos los sectores sociales. No solo las manos están extendidas para conversar. Serán convocados en el momento oportuno a cada uno de los espacios de lo que será el proyecto de ley para la gestión integrada de los recursos hídricos.
¿La nueva ley podrá garantizar o ayudar para dotar de agua potable a cantones y poblaciones que no tienen acceso al recurso? Esmeraldas y Durán, por ejemplo, son casos dramáticos. ¿Se propondrá alguna solución?
La Constitución establece que el Estado será el administrador directo de los recursos hídricos en el país, a través de la autoridad única del agua, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y una de sus funciones principales es la de ejercer la rectoría sobre los recursos hídricos en el Ecuador. En las competencias exclusivas de lo que tiene que ver con agua para consumo humano, son los municipios, las juntas de agua y los sistemas comunitarios, aquellos que tienen la obligación de garantizar el agua en cada uno de sus territorios.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Ambiente en estos casos?
Para la dotación de agua potable (los municipios) necesitan tener una viabilidad técnica de cada uno de sus proyectos, una autorización de uso del agua que, como autoridad única del agua entregamos para que puedan acceder en las fuentes naturales para captar, tratar, conducir y distribuir para cada uno de sus usuarios. La ley contempla justamente estas facultades: autorizar las viabilidades técnicas, autorizar el uso y aprovechamiento para que ellos (municipios) cuenten con la base fundamental que les permita acceder a financiamiento y eso ya considera otros temas administrativos y jurídicos.
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