Este miércoles 29 de noviembre del 2023, se iba a llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Glas, quien en el 2016 fue presidente del Comité de Reconstrucción por el terremoto de aquel año. Además, están implicados los exfuncionarios públicos Carlos B. y Pablo O.
Sin embargo, el juez Luis Rivera acogió un pedido de la defensa del exvicepresidente y decidió consultar a la Asamblea si se necesita o no autorización del Legislativo para el enjuiciamiento penal de Glas.
“La Asamblea tiene que analizar pruebas y eso no lo puede hacer de la noche a la mañana”, aseguró Andrés Villegas, abogado del exfuncionario, al ser cuestionado sobre el tiempo que demoraría la respuesta del Legislativo.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que respeta la decisión del magistrado, pero considera que es innecesaria y dilatoria al existir precedentes.
“Esto, debido a que la persona en cuestión (Jorge Glas) no es más un funcionario público (de hecho, ya estuvo sentenciado por otras dos causas), por lo tanto, no se encuentra cumpliendo funciones, como lo expresa la Constitución, que debe ser aplicada de forma expresa y no según interpretaciones a conveniencia”, dice un comunicado de la institución.
El Ministerio Público recordó que el 14 de junio de 2018, el pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedente la autorización solicitada por la Corte Nacional de Justicia para vincular al expresidente Rafael Correa al caso del secuestro de Fernando Balda, debido a que no estaba dentro de sus competencias, pues el exmandatario ya no se encontraba en funciones.
Por ello, no hubo impedimento para que la Corte Nacional de Justicia enjuiciara al exmandatario. Lo mismo debía suceder con Glas, según la Fiscalía.
En caso de que la Asamblea autorice la consulta del magistrado, deberá someterse a votación del pleno y el proceso penal para el exvicepresidente seguiría únicamente si se consiguen 92 votos.
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La Fiscalía hizo notar que el juez Rivera también dictó el sobreseimiento en el caso ‘Helicópteros Dhruv’. Además, el mismo funcionario aún no ha señalado fecha y hora para la formulación de cargos en el caso ‘Independencia Judicial’, en el que son investigados Wilman Terán y Xavier Muñoz, presidente y vocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente.
“La Fiscalía considera que este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo, incluidos los relacionados con corrupción o en contra de la eficiencia del Estado”, dice la misiva.
La fiscal Diana Salazar también rechazó la decisión del magistrado a través de la red social X (antes Twitter). “Cada día es más evidente que buscan el juicio político porque a mí no me pueden controlar para tener impunidad, como sí lo hacen con ciertos jueces que dilatan los procesos”, escribió.
En el caso ‘Reconstrucción de Manabí’ se investiga un presunto abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.
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