El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso afirmó el pasado 13 de septiembre que un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la corrupción le ha costado 70.000 millones de dólares al país en los últimos años. Sin embargo, no hay registro de un documento del BID con esas cifras y el organismo multilateral negó a la AFP haberlo publicado.
“Este documento dice que la corrupción en años recientes le habría costado al Ecuador 70.000 millones de dólares, en los últimos 14 años”, dijo el mandatario el pasado 13 de septiembre durante la firma de un acuerdo anticorrupción con la ONU, como quedó registrado en este video del canal de YouTube de la Presidencia.
Las palabras del jefe de Estado fueron replicadas por usuarios en Facebook y Twitter.
Ese mismo día, en un comunicado de prensa, la Presidencia del Ecuador amplió la afirmación: “Según un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo del 2019, la corrupción –en años recientes– le habría costado a Ecuador USD 70.000 millones, de los cuales USD 40.000 millones corresponderían a sobreprecios y desvío de fondos, y USD 30.000 millones a ineficiencia en las obras ejecutadas”.
AFP Factual consultó sobre estos datos a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de Ecuador y el 15 de septiembre pasado se detalló que la fuente es “un informe regional de 2019”. Al momento de la publicación de esta verificación, la secretaría no ha precisado el nombre del documento.
En una búsqueda en el sitio de publicaciones del BID por informes con fecha de 2019 solo se encontró un documento que incluía los términos “corrupción” y “América Latina”, pero este hacía referencia a las buenas prácticas de gobernanza en el sector extractivo, no hacía ninguna mención al costo global de la corrupción en Ecuador.
En una búsqueda en Google se encontró que las cifras mencionadas por el presidente ecuatoriano ya habían sido citadas en 2019 por la entonces Secretaria Anticorrupción de Ecuador, Dora Ordóñez, atribuyendo la fuente al BID.
“El informe del BID se refiere a USD 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y USD 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas”, dijo la entonces funcionaria en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, el 9 de noviembre de 2019.
Tras esta afirmación, el BID aclaró en abril de 2020 que no tenían registros de alguna publicación suya que incluyera dichos datos, en respuesta a una carta enviada por el asambleísta Mauricio Proaño.
“No tenemos constancia de que el Banco haya publicado algún informe detallando lo declarado por la Dra. Ordóñez”, informó en la misiva el entonces representante del BID en Ecuador, Fernando Quevedo.
El BID confirmó a AFP Factual, el pasado 16 de septiembre, que esta sí fue una respuesta oficial enviada en abril de 2020 al asambleísta Proaño.
Asimismo, indicó que un informe relacionado con el tema de corrupción en América Latina fue publicado en 2018 bajo el título: “Mejor gasto para mejores vidas”.
Allí, el banco registra, a partir de la página 93, que: “A pesar de que es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta, se estima que entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción”.
Sobre América Latina y el Caribe, menciona: “puede que las pérdidas se acerquen al límite superior de las estimaciones de la UE (entre el 7% y el 25% de los contratos de adquisiciones [públicas])”.
Y luego añade: “una estimación aproximada del malgasto en las adquisiciones en los países de América Latina y el Caribe es de un promedio de alrededor del 17%, lo que equivale a un malgasto del 1,4% del PIB”.
Sin embargo, el informe no hace cálculos discriminados para Ecuador ni para algún otro país de la región sobre el costo de la corrupción. Tampoco hace mención a un período de tiempo de 14 años, como indicó Lasso.
El BID sí menciona a Ecuador, en la página 101 del documento, entre los países que más malgastan por tener “primas salariales altas y una menor proporción de trabajadores no calificados”, con una ineficiencia de “más del 20%” del total del gasto salarial.
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