"La pobreza ha ido aumentando, los salarios han caído. Es una economía agravada por un bajísimo rendimiento del impuesto a la renta y el IVA. Las evasiones (tributarias) alcanzanlos 1.600 millones de dólares al año. Hay un déficit enorme en la inversión en capital humano y reducción de los gastos en Educación, Salud e Inversión pública. Además, existe una estructura deficiente de manejo de los recursos públicos”.
Parecería el relato de la situación actual, pero es el diagnóstico del país de hace más de 23 años cuando se dio la primera edición de los “Consensos de Cusín”. En 1997, un grupo de ciudadanos se reunieron en la Hacienda Cusín, en Otavalo, para plantear propuestas de gobernabilidad política y salida a la crisis económica. Básicamente, en ese entonces, como ahora, los desafíos eran: el reordenamiento de la economía, combatir la corrupción, y la aplicación de derechos y obligaciones entre ciudadanos y Estado.
Estaba todavía latente la caída de Abdalá Bucaram y el país se preparaba para una nueva Constitución que ofrecía dar un giro de 180 grados.
Pero como era de esperarse, la Constitución de 1998 avivó nuevamente las tensiones, a tal punto que los congresistas de ese entonces plantearon un “candado” para que no se pueda reformarla hasta antes de concluido el primer año de su vigencia. Eso incentivó la segunda reunión de Cusín, con el objetivo de encaminar los esfuerzos hacia la seguridad jurídica del país y evitar caer otra vez en la inestabilidad.
Nada de eso parece lejano. En años recientes, se habla constantemente de consultas populares y posibles nuevas constituciones.
En medio de eso, en las últimas semanas la confrontación de la clase política tensa sus diferencias en las calles e, incluso, se debate la posibilidad de una muerte cruzada para disolver al Ejecutivo y Legislativo, y llamar a nuevas elecciones.
“Es un país segmentado entre Costa y Sierra, entre empresarios y sindicalistas, en el que los acuerdos nacionales difícilmente pueden darse (...), una sociedad donde la corrupción ha hecho perder la fe en la ortodoxia política, en los partidos, en los actores sociales”. Era una de las conclusiones del segundo encuentro de Cusín, en 1998.
Un tercer encuentro se hizo en 1999, antes del colapso financiero, sin que el país haya alcanzado un consenso y una salida a la crisis. Estamos en 2021 y la realidad parece la misma, quizá con grietas más profundas luego de una larga etapa de polarización política. Y por eso reaparece esta iniciativa.
Entre el 21 y 23 de octubre de este año, se reunieron 50 personas en la Hacienda de Cusín: políticos del centro hacia la derecha, como el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, la exministra María Paula Romo y el exalcalde de Quito Roque Sevilla; economistas como Augusto de la Torre y Vicente Albornoz.
El sector de la izquierda criticó el encuentro por considerarlo un “cónclave de la derecha”. Pero también estuvieron la lideresa kichwa Patricia Gualinga, la activista feminista Jéssica Jaramillo y el exdeportista Jefferson Pérez.
Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana y una de las convocantes a esta reunión, dijo que se invitó a más de 100 personas. Entre ellas, por ejemplo, a Pabel Muñoz, asambleísta del correísmo, al legislador de PK, Salvador Quishpe, y a la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero no asistieron.
“Hemos comprobado que la polarización ideológica y la falta de diálogo nos inmoviliza como país. Dialogar es normal en democracia”, fue una de las conclusiones de este encuentro.
Más allá de la declaración
Esta cuarta convocatoria, más que un consenso, lanzó una declaración de 13 puntos en la que coincidieron.
En resumen, hablan del problema fiscal: necesitamos un Estado eficiente que no gaste más de lo que tiene y que mejore el cobro de tributos para alcanzar una mejor redistribución y cobertura social.
Obviamente, se trató el tema de los subsidios a los combustibles y la necesidad de eliminarlos, y buscar un camino hacia el cambio de matriz energética.
Aunque en el tema fiscal y tributario, la izquierda y quizá todo el Ecuador coincida, los subsidios son un punto de quiebre en el que nunca habría acordado un sector de la izquierda que ahora protesta en las calles.
La lideresa indígena Patricia Gualinga dice que por asistir a esta reunión ya la tacharon de vendida al gobierno. “Necesitamos un cambio de matriz energética para dejar de sacar petróleo de la Amazonia”. Señala que no sepuede estar de acuerdo en todo, pero que el mayor paso es sentarse a conversar.
Esta cuarta convocatoria de Cusín, que reaparece 20 años después, no descubrió el agua tibia. Quizá no hace falta seguir diagnosticando los males de esta inconclusa democracia.
“El Consenso de Cusín coincide con el Pacto Social, que es un proceso desde octubre de 2019. Si el país no entra en una dinámica de diálogo, es una bomba de tiempo”, dice César Ulloa, analista y catedrático de la UDLA. Él coordina el Pacto Social, una iniciativa de la Fundación Esquel con mesas temáticas: economía y empleo, educación, agricultura campesina, etc, que dan una radiografía y posibles soluciones.
Y es que los problemas están más que diagnosticados. Un informe del Grupo Faroya estimó hace tres años que Ecuador pierde alrededor de 7.000 millones de dólares por evasión tributaria y deficiente cobro de impuestos.
Un informe del Programa Mundial de Alimentos ya dijo que el 25 por ciento de los niños ecuatorianos sufre de desnutrición y que no arreglar ese problema le cuesta al Estado más de 3.000 millones de dólares cada año.
Son solo ejemplos de problemas estructurales que deben resolverse en el mediano y largo plazo, pero los políticos están pensando en las siguientes elecciones.
Todos hablan de integrar a la sociedad civil, de hacer conocer las propuestas a la Asamblea Nacional y otras instituciones. De invitar a los otros para buscar salidas.
Pero no hay un diálogo y consenso nacional que aglutine a las fuerzas políticas en acuerdos mínimos. El reto es cómo llevar el Consenso de Cusín a la práctica, cuando el país parece entrar en otra espiral de inestabilidad.