Este lunes, el órgano de justicia dio a conocer que sugirió que se renegocien algunos artículos del acuerdo comercial, suscrito en marzo pasado, por considerar que estos transgreden la normativa establecida en la Constitución de la República.
Pese a que declaró que la mayoría de los artículos del acuerdo eran constitucionales, sobre el capítulo 11 relacionado con servicios financieros, la Corte enfatizó respecto a la necesidad de que el sector privado del sistema financiero, incluso extranjero, debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encarguen de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.
Agregó que la Constitución ecuatoriana establece que "las actividades financieras son un servicio de orden público" y que éstas "podrán ejercerse previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley".
Por otra parte, el organismo determinó que los artículos 11.20, y 15.20 al 15.35, incluyendo los anexos 15.18 y 15.26 del acuerdo (el capítulo 15 se denomina “Inversión”), son incompatibles con la literalidad del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto el Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
Según explicó la Corte, dichos artículos contemplan la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas, es decir personas naturales y jurídicas privadas, y Estados, a través instancias de arbitraje internacional, como el CIADI, donde Ecuador podría ceder su jurisdicción soberana.
Finalmente, la Corte Constitucional no consideró necesario declarar la incompatibilidad de todo el acuerdo y en consecuencia instó a "evaluar la posibilidad de que los órganos públicos correspondientes renegocien el contenido de los artículos declarados inconstitucionales o busquen alternativas", y que de esta forma no se transgredan los límites impuestos en la Constitución.
El pasado 1 de marzo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el de Ecuador, Guillermo Lasso, firmaron en San José un tratado de libre comercio para liberar más del 90 % de la oferta conjunta.