La Contraloría General del Estado advirtió este viernes de supuestas responsabilidades legales en más de una veintena de auditorías sobre operaciones efectuadas por varias empresas públicas consideradas estratégicas.
El informe precisa que, de 117 informes generales de auditoría efectuados desde junio de 2021, remitió 23 a la Fiscalía por considerar indicios de responsabilidad penal por supuestas irregularidades que suman unos 251 millones de dólares.
El anuncio de la Contraloría coincide con el caso de presunta corrupción que involucra a varias empresas públicas a cargo del Ejecutivo.
El ente indicó que 43 acciones de control están en ejecución y 36 forman parte del Plan Anual de Control de 2023.
La institución precisó que el informe se refiere a los exámenes de auditoría realizados a las estatales Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y sus subsidiarias. De ellas, la estatal petrolera es la que más controles tiene de parte de la Contraloría: con 59 informes aprobados, 18 exámenes en ejecución y 14 planificados para este año, con un total de 91.
"De los exámenes aprobados se predeterminaron responsabilidades civiles y administrativas por 251 millones" de dólares, agregó la fuente.
Explicó que las auditorías se realizaron a las operaciones administrativas y financieras, a los procesos de contratación pública, a los estados financieros, a las adquisiciones menores, a la ejecución de proyectos y a contratos de obra, entre otros estados.
Además, precisó que, en cuanto a la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) la Contraloría, determinó que no era procedente crear una unidad de auditoría interna.
La información de la Contraloría es clave en el denominado caso "Encuentro", por el que se han mencionado a varios funcionarios, quienes supuestamente pidieron dinero para gestionar cargos en empresas públicas.
El caso ha generado investigaciones en la Fiscalía y la Asamblea Nacional, donde la oposición no ha dudado en salpicar al propio presidente Lasso, quien ha rechazado la denuncia y ha asegurado que su administración no tiene vinculación alguna con tramas de corrupción.
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