La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió su pronunciamiento respecto a la consulta formulada, el pasado 6 de septiembre de 2021, por la Contraloría General del Estado (CGE), sobre la procedencia o no de entregar a los asambleístas información de expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes con Indicios de Responsabilidad Penal.
En respuesta a la consulta del Contralor General del Estado Subrogante, Carlos Riofrío, la PGE concluyó que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político.
Además, la PGE puntualizó que los asambleístas, de conformidad con la Ley, deberán mantener la información bajo reserva.
La consulta de la CGE fue debido a una solicitud del asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien requirió información sobre el estado de glosas y responsabilidades en contra de 32 asambleístas.
“Carlos Riofrío se negó a entregar el estado de situación de glosas y responsabilidades de 32 asambleístas, creando un manto de impunidad”, había denunciado Villavicencio.
Por su parte, la Contraloría argumentó que los datos personales solicitados "guardan reserva en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control, están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan".
Tras la reacción de Villavicecio, Riofrío sostuvo que no “encubre” a nadie, ni ha declarado “secreta” ninguna información, al puntualizar que “la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”.
En los últimos meses, del presente año, la CGE informó que ha recibido por parte de los asambleístas "insistentes requerimientos" de información personal certificada de ex servidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal, así como el detalle de los exámenes correspondientes.