¿Cómo operaba la mafia del caso Danubio? Así planeaban la compraventa de cargos públicos
Según las llamadas telefónicas interceptadas por los investigadores de la Fiscalía General, esta red planeaba la compraventa de cargos en varias instituciones estatales.
Según esta trama, ocho individuos sin aparente peso político ni jerárquico habrían estado negociando la venta de cargos públicos a precios de hasta tres millones de dólares. Presumían conexiones con funcionarios de alto nivel del gobierno. ¿Llegará el hilo hasta tan alto?
A inicios de septiembre de 2021, en Latacunga, un hombre de 58 años, oriundo de Colta, que decía ser representante de una organización indígena, se acercó a una asesora de la Dirección General de Aduanas que, junto a otros funcionarios, realizaban un recorrido de rutina por la Sierra-Centro. Como sacado de un guion de cine y por si hubiese micrófonos escondidos, el hombre escribió en un papel la cifra de tres millones de dólares y las siglas SGO.
La asesora no entendía qué pasaba, pero lo escuchó. El hombre estaba dispuesto a entregar esa gran cantidad de dinero a cambio de conseguir que una persona por él recomendada sea nombrado como subdirector general de Operaciones Aduaneras. Según el organigrama del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), ese cargo reporta directamente a la directora general y tiene bajo su responsabilidad la dirección de “intervención” y las “direcciones distritales”. Estas últimas controlan puestos fronterizos, puertos y aeropuertos.
La asesora contactada comunicó el particular a la directora nacional de Aduanas, Carola Ríos Michaud, quien le habría dicho que le siga la corriente y que grabe las próximas reuniones, mientras ella se comunicaba con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para advertirla de la novedad. La Fiscal le recomendó una denuncia a través del número 1800-Delitos con el objetivo de conservar el anonimato y no alertar a quienes podrían estar detrás de la trama.
Desenredando el ovillo
La Fiscalía empezó a trabajar en diferentes direcciones. Actualmente sigue el proceso de investigación y por ello los nombres de los involucrados permanecen en reserva.
La funcionaria que hasta el 18 de marzo último tuvo el cargo de asesora 2, es ingeniera en Gestión Empresarial Internacional con un diplomado en Comercio Internacional en Francia. No se han hecho públicas las razones de su desvinculación, pero se conoce que por seguridad ha ingresado al Sistema Nacional de Víctimas y Testigos. Antes, entre 2014 y 2017 trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior como subsecretaria de Servicios al Comercio Exterior.
Su jefa y denunciante, la directora nacional de Aduanas, Carola Ríos es especializada en Comercio Exterior por la Universidad Católica de Santiago de Chile y tiene una trayectoria de 25 años en el sector privado, habiendo sido también vicepresidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias.
El caso salió a la luz la madrugada del 21 de julio de 2022. En el operativo Danubio, fueron detenidas ocho personas acusadas de asociación ilícita. Uno de los procesados trabajó en las Aduanas entre 2016 y 2020; se desempeñó como abogado aduanero. De allí pasó a prestar servicios en el Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil. Este abogado es además presidente de una compañía dedicada a servicios jurídicos. En el grupo también hay un ingeniero civil que es presidente ejecutivo de una constructora de edificios que también importa materiales de construcción. Un tercer encausado es gerente general en tres compañías y enfrenta un juicio por estafa: intentó vender en 140 mil dólares una casa que no era de él, sino de su conviviente.
Finalmente, en el grupo hay un activista que presidió el Frente de Dirigentes Populares del Guayas y desde allí participó activamente en la campaña presidencial de CREO en 2021. Según los audios interceptados, este personaje tendría comunicación frecuente con funcionarios del actual gobierno.
No solo en Aduanas
Como resultado de las investigaciones que incluyeron escuchas telefónicas, se conoce que el presunto dirigente indígena que ofreció dinero a la asesora de la dirección general de Aduanas, le presentó, además, la hoja de vida de un abogado de 34 años, salido de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Este sería el hombre al que querían ubicar como subgerente de Operaciones. En esa institución, es el segundo cargo más codiciado luego del director general.
Siguiendo las conversaciones interceptadas por la Policía, esta trama buscaba financiar los tres millones de dólares a través de aportes de exportadores privados quienes luego aspirarían a ser beneficiarios de “túneles aduaneros”. En uno de los chats se lee: “Hay que impulsar el nombre de Sergio Peña para sacar cargas”.
Pero ese no era el único cargo que habrían buscado. También las fronterizas direcciones distritales de Huaquillas y Esmeraldas. Por esos puestos habrían estado dispuestos a pagar hasta 1,5 millones de dólares. Todos reportaban a un tal “Peña” para que éste envíe las hojas de vida.
Los implicados no paraban allí: Esperaban la fusión entre BanEcuador y la CFN para ofertar cargos hasta por 5.000 dólares. Una vacante de fiscal podría ser llenada con 80 mil dólares. Hablan de puestos en el IESS, Ministerio de Educación, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Agricultura, Consejo de Participación Ciudadana y hasta en el Sistema Penitenciario.
En una conversación transcrita que forma parte del expediente, se detalla que para ser asesor de la presidencia de la Asamblea se debe pagar 100 mil dólares porque “desde ahí se puede hacer buenos negocios”, ha dicho uno de los procesados. Ellos ofrecían una efectividad del 90 por ciento para sentar al interesado en el cargo, pues los ocho procesados no tenían el poder de decisión.
En sus conversaciones explicaban estar apadrinados por hombres influyentes en Carondelet. Dentro de los 17 allanamientos que hizo Fiscalía en distintas provincias, se incluyó una propiedad de Juan José Pons, exconsejero presidencial de Lasso y presidente del Congreso Nacional en 1998. Pons, quien no ha sido vinculado al caso dijo a Vistazo: “Que las personas se puedan tomar mi nombre en cualquier conversación, aprovechando que soy una figura pública, sale totalmente de mis manos. Aquí se afecta la honra con mucha facilidad”.
La instrucción fiscal en contra de los ocho procesados tomará 90 días. En ese período, Fiscalía podría vincular a más actores. De momento, Fiscalía ha requerido información a varios funcionarios de Estado que estarían también mencionados en las conversaciones.
¿Disputa en la Aduana?
Después de haber estallado el caso Danubio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, llamó a varios funcionarios y exfuncionarios a comparecer. Solo se presentó la directora del Senae, Carola Ríos. Ella dijo que en la Aduana no se negocian ni se venden puestos, que ella era la primera interesada en que se investigue y por eso formalizó la denuncia “No hay ningún funcionario de Aduana procesado y la misma Policía dice que no se cometió ninguno de los delitos que estaba planificando este grupo”.
Pero según Fernando Villavicencio, presidente de esa comisión legislativa, todavía hay mucho que investigar en la Aduana. Dijo incluso haber entregado información para fiscalizar al último subdirector nacional de Operaciones, justo el puesto que quería la mafia del caso Danubio.
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