Con 126 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional, censuró al exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, por incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, particularmente por los cobros excesivos de las planillas eléctricas en plena pandemia y por haber autorizado, a través del organismo de regulación pertinente, el incremento gradual de los precios de los combustibles, con un sistema de bandas.
La resolución incluye, entre otros aspectos, notificar con la censura al Ministerio de Trabajo para que registre la prohibición a René Ortiz de ejercer cargo público por dos años; acoger las recomendaciones de la Comisión de Fiscalización en el sentido de solicitar a la Contraloría realice auditoría a los contratos de servicios de notificación de corte de energía y de lectofacturación de consumo en la unidad de negocios Guayaquil; solicitar a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) realice la liquidación de valores efectivamente consumidos; y, remitir los decretos ejecutivos a la Corte Constitucional para que determine la constitucionalidad de los mismos.
Igualmente, se acoge la recomendación de solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, la derogatoria de los decretos 1054, 1183 y 1158; y, a Petroecuador que establezca un plan de mejora de las refinerías en cuanto a la provisión de combustibles, priorizando la importación de naftas de alto nivel de octanaje y bajo nivel de azufre para mezclar con las que producen en las refinerías del Ecuador.
En el debate intervinieron ocho legisladores, quienes subrayaron la necesidad de sancionar la falta de sensibilidad del Gobierno anterior, al permitir que se cobren tarifas eléctricas presuntivas, en contra de la ciudadanía. El asambleísta Mario Ruiz aseguró que en el juicio se evidenció el abuso en el cobro de las planillas del consumo eléctrico en contra del pueblo ecuatoriano.
De su lado, Ferdinan Álvarez, subrayó que la pandemia demostró que todavía existen funcionarios que privilegian los intereses privados, antes que el bienestar del pueblo ecuatoriano, mientras el parlamentario Diego Ordóñez lamentó que al hablar de la fijación del precio de los combustibles se confunden aspectos técnicos que influyen en el mismo, como son el costo de producción, el costo de procesamiento y el costo de oportunidad.
La asambleísta Gabriela Molina, recordó que la Ley prohíbe de forma expresa el cobro de tarifas estimadas o presuntivas, así como la inclusión de otros rubros que no sean los que corresponden al consumo real, lo cual fue irrespetado por el exministro. Por su parte, Fernando Villavicencio reiteró las recomendaciones formuladas por la Comisión de Fiscalización; y, a criterio del asambleísta Édgar Quezada, en la pandemia el pueblo reclamó por el cobro indebido y exagerado de las tarifas de energía eléctrica, inclusive en domicilios y locales comerciales que permanecieron cerrados y el exfuncionario no atendió dichos reclamos.
Finalmente, Ricardo Ulcuango, tras comparar los precios de los combustibles en los gobiernos de Rafael Correra, de Lenín Moreno y el actual, aseguró que el incremento de los costos de las gasolinas y el diésel da lugar al descontento popular que hoy se manifiesta en las calles.