Caso Encuentro: Fiscalía amplía investigación y vincula a dos personas más por delincuencia organizada
La Fiscalía General del Estado ha vinculó a dos personas más a la instrucción fiscal del "Caso Encuentro".
La Fiscalía General del Estado vinculó a dos personas más a la instrucción fiscal del "Caso Encuentro" por su presunta implicación en el delito de delincuencia organizada. Actualmente, un total de diez personas están siendo procesadas en relación con este proceso.
Tras un exhaustivo análisis de los elementos presentados durante la audiencia, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para Karen Leonor C. O. y Éricka Tatiana F. M., a quienes se ha señalado como presuntas autoras directas de la infracción penal.
Además, se ha dispuesto la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas pertenecientes a las acusadas en el sistema financiero nacional, por un monto equivalente a cuarenta salarios básicos unificados.
Según Fiscalía, estas medidas tienen como objetivo asegurar el pago de posibles multas en caso de que sean encontradas culpables. Asimismo, se ha ordenado la prohibición temporal de transferir o vender inversiones y acciones.
La instrucción fiscal de este caso se extenderá por un período adicional de treinta días.
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La investigación inició en enero de 2023, después de que se recibiera información, a través de un parte policial, sobre una supuesta red de corrupción expuesta por un medio de comunicación digital. Tras reunir suficientes pruebas, la Fiscalía determinó la existencia de una estructura criminal dedicada a cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública.
Según la Fiscalía, las personas procesadas habrían obtenido contratos con la empresa pública CNEL (Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador), tanto a título individual como a través de empresas y consorcios, simulando procesos de licitación. Se alega que estas empresas estaban vinculadas entre sí y que, cuando una no resultaba seleccionada en un proceso, lograba obtener contratos en futuras licitaciones.
A través de nuevos elementos de convicción presentados, se ha revelado que este esquema habría sido coordinado por uno de los procesados, Leonardo Cortázar, con el objetivo de obtener beneficios económicos para el grupo.
Se ha afirmado nuevamente que los presuntos líderes de esta organización delictiva son Danilo Carrera (cuñado del expresidente Guillermo Lasso) y el fallecido Rubén Cherrez (+), quienes, junto con otros miembros del grupo, se valían de su cercanía con figuras políticas nacionales para obtener beneficios económicos desde la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
Los procesados habrían establecido un acuerdo para direccionar contratos y facilitar el ingreso irregular de personas a cargos públicos en entidades como CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador.
Según lo establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada conlleva una pena privativa de libertad de siete a diez años.
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