Continúa el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, por presunto peculado en contratos firmados por la flota petrolera estatal.
Con 131 asambleístas presentes ayer se reinstaló la sesión 872, la cual fue suspendida la noche del 16 de mayo de 2023, previo a la expedición de la "muerte cruzada" con la que Lasso disolvió la Asamblea Nacional.
El juicio político se inició sobre las irregularidades relacionadas con la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y las consecuencias del contrato con Amazonas Tankers, que habría causado un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares, según el expediente.
Respecto al pedido que hizo Lasso para que la Corte Constitucional de seguimiento a la actuación del titular del Legislativo por convocar al Pleno para la reinstalación del juicio político, el socialcristiano Henry Kronfle manifestó que "si le incomoda a Lasso es problema de él" y lo que pide es "improcedente".
DEBATE
Los asambleístas continuaron el debate, ahora centrado sobre si el exmandatario debe ser censurado cuando ya no está en funciones.
Además, los argumentos se enfocaron en muchos casos en la situación generalizada que vive el país en términos de inseguridad y economía, sin tratar la denuncia de peculado en la que se basó este juicio.
En la continuación de la sesión intervinieron 16 asambleístas. Paola Cabezas (Revolución Ciudadana) recordó que el juicio tiene el aval de la Corte Constitucional a través del dictamen. Asimismo, su coideario Roberto Cuero señaló que se busca determinar la responsabilidad política; y Esther Cuesta (RC) precisó que el proceso pasó por la Comisión de Fiscalización, según lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Por su parte, Gissella Molina (Gente Buena) expresó su preocupación por los altos índices de inseguridad en las poblaciones del país.
Mientras que, Jhajaira Urresta (RC) aseguró que existen varias causales en contra del expresidente de la República, y que el país es testigo de su "incompetencia".
Vicente Taiano (PSC) precisó que una consecuencia jurídica de la disolución de la Asamblea Nacional fue la suspensión de los plazos, por tanto, el Pleno tiene competencia para continuar el debate. Dijo que la decisión del Parlamento debe ser apegada a la Constitución.
Censurar a Guillermo Lasso sería un premio, lo que se debe hacer es condenar su gestión, además de remitir la documentación a la justicia, señaló Otto Vera (Únete).
Gabriela Molina (RC) mencionó que las pruebas evacuadas en la sustanciación del juicio político demostraron que el Presidente de la República de esa fecha, "conocía perfectamente de la corrupción en la empresa Flopec".
Ana Galarza (Construye) sostuvo que se debe dejar por sentado de que, todo lo político tiene que ser jurídico, porque nadie está por sobre la ley.
Rafael Dávila (Avanza) recordó las preocupaciones que tiene la población, sobre la inseguridad, el desempleo y la angustia de millones de ecuatorianos.
Además, expusieron sus argumentos los asambleístas: Ana Herrera, Juan Carlos Camacho, José Chamba, Patricia Mendoza y Pedro Velasco. La sesión fue suspendida luego de cerca de tres horas en la que intervinieron dieciséis parlamentarios.
La sesión 872 continúa este jueves a las 10h30, según dispuso el presidente del Parlamento, Henry Kronfle.