Asamblea ratifica destitución de cuatro vocales del CPCCS y pide a Fiscalía que estos sean investigados
Rechaza cualquier tipo de injerencia en la función legislativa.
El Pleno del Legislativo, con 89 votos, ratificó que mediante resolución del 18 de noviembre pasado, fueron destituidos Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a través de juicio político llevado a cabo en la Asamblea Nacional.
También rechazó cualquier tipo de "interferencia e intimidación" por parte de cualquier función del Estado u otra acción que pretenda "menoscabar la atribución de fiscalización y control político de los actos del poder público que tiene la Asamblea Nacional".
Por lo que, dispuso que la Presidencia del Legislativo coordine con las áreas técnicas y con la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea acciones en vías administrativas y judiciales, "con el fin de hacer respetar las decisiones del Parlamento".
Asimismo, exigió a la Fiscalía "el irrestricto respeto a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República", que determina que los asambleístas no son civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, "razón por la cual, cualquier tipo de acción que se pretenda tomar en ese sentido carecerá de eficacia jurídica".
Pidió que se investigue los presuntos actos de usurpación y simulación de funciones públicas, que desde el 18 de noviembre de 2022, estarían realizando los "exconsejeros del CPCCS".
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A la sentencia de acción de protección emitida por Ángel Harry Lindao Vera, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, a favor de los consejeros del CPCCS, enjuiciados políticamente, la rechazaron por "infundada, ilegítima y gravemente atentatoria al Estado Constitucional de Derechos y Justicia".
El asambleísta Esteban Torres (PSC), proponente de la resolución, rechazó lo actuado por la justicia: “En el país por enésima vez, existe “lodazal constitucional”, advirtió al referirse a la acción de protección concedida por un juez de La Concordia.
“Si no van a respetar las decisiones cierren a la Asamblea, porque no estamos para calentar puestos”, enfatizó el legislador al afirmar que "todo aquello que atente contra la Constitución carece de eficacia jurídica".
De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, expresó que el proceso de juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS fue legal y constitucional. “Rechazamos que se pongan de acuerdo entre dos, tres o más sectores para manosear la justicia y encontrar un juez que haga lo que se ha hecho, ilógico, injurídico e inconstitucional”, añadió.
Hace unos días, el juez Lindao declaró nulo el juicio político contra los consejeros y ordenó a la Asamblea a presentar disculpas públicas.
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