Con 104 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Informe del Gran Padrino: delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado, elaborado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, justicia y la lucha contra la corrupción.
En contra de este informe, no vinculante, estuvieron 18 legisladores, mientras que tres se abstuvieron. En cambio, 12 no asistieron a la sesión 851.
De esa forma, la decisión del Pleno del Legislativo es un golpe en contra del presidente Guillermo Lasso. Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, consideró a ese informe como un mamotreto. "Para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante".
La sesión 851 inició la mañana del sábado con la lectura del informe. Luego, los legisladores presentaron las argumentaciones sobre su posición y finalmente, la legisladora de UNES, afín al correísmo, mocionó la aprobación del proyecto de resolución.
Distintas posturas
En la oposición, los asambleístas tenían sobre sus curules la frase "Lasso a juicio". La legisladora Victoria Desintonio, de UNES, pidió que el Gobierno responda por los hechos de corrupción. Varios legisladores de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano sintonizaron con el voto a favor del informe.
En cambio, el asambleísta de CREO, Juan Fernando Flores, indicó que "No hay pruebas, no hay causales". Él y sus demás compañeros oficialistas colocaron carteles con la frase "Informe de mentiras".
Una postura similar tuvo el legislador de CREO, Jorge Pinto, quien señaló que el informe es una "grosería jurídica".
En cambio, otros como Bruno Segovia, asambleísta independiente y exPachakutik, cuestionó los cálculos políticos, los actos de corrupción de todos los sectores y las memorias selectivas. Estas críticas se enfocaron al correísmo, desde donde se impulsó la creación de esta comisión y al momento de elaborar el informe no incluyeron datos relacionados a los momentos en que ese grupo estuvo al frente del Ejecutivo.
Los cuestionamientos no solo se realizaron al informe, sino a la misma comisión. Pedro Velasco, integrante de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), indicó que "lo que inicia mal termina mal. La comisión no está facultada para irrespetar las normas: antes de ejercer su trabajo ya había acusado al Presidente".
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que el correísmo hizo lo mismo con el Gran Hermano.
Gruber Zambrano, del BAN, fue más allá. "La política y ciertos políticos se creen estar sobre las leyes. La oposición quiere derrocar al Primer Mandatario" desde que asumió el poder.
Esta votación en el Pleno no marca el inicio del juicio político contra el Presidente de la República. Los siguientes pasos son: presentar el pedido de juicio político con la firma de 45 asambleístas al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Luego el CAL revisa y si es pertinente envía la consulta a la Corte Constitucional, organismo que aprobaría o rechazaría el proceso de juicio político. Si lo aprueba, el trámite continuaría en el Legislativo.
"El juicio político, únicamente, es una posibilidad", indicó Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano.
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