Alcalde de Quito advierte posibles sanciones tras presunto caso de nepotismo que implica a siete concejales
Un informe de la Contraloría General del Estado ha expuesto presuntos casos de nepotismo por parte de siete concejales del Municipio de Quito.
Un informe de la Contraloría General del Estado ha expuesto presuntos casos de nepotismo por parte de siete concejales del Municipio de Quito: familiares ingresaron a trabajar en la dependencia, mientras los funcionarios ejercían funciones.
El examen se realizó dentro del periodo de agosto de 2017 al 31 de mayo de 2022, y reveló que las remuneraciones de los familiares empleados en el Municipio bordeaban entre los $ 800 y $ 3.000.
Los ediles mencionados son Orlando Núñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno.
Al respecto, el alcalde Santiago Guarderas señaló que el nepotismo está prohibido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Servicio Público, y por tanto es responsabilidad de aquellos concejales que han incurrido en esta falta.
Asimismo, informó que el Municipio, a través de la Dirección de Talento Humano, ha entregado toda la documentación e información para que la Contraloría pueda establecer las determinaciones y sanciones correspondientes.
Guarderas precisó que, el hecho de que falte un mes para concluir su periodo, no significa que no se puedan establecer las sanciones que pueden llegar a la destitución, y si eso sucede le impediría ejercer cargos públicos por dos años.
Pero aclaró que “habría que determinar si hay dolo o no. Puedo hablar por mí, si yo conozco que hay una prohibición de nepotismo en ningún caso me ha pasado por la mente contratar a un familiar, un cuñado o alguien que tenga relación de parentesco, es preferible trabajar con terceras personas, técnicas como lo hemos hecho en nuestra administración”.
Entiendo que cada uno de los involucrados tiene la capacidad de defenderse, presentar los argumentos y documentos que contradigan lo que señala la autoridad, no es una decisión firme, es todo un proceso, es un informe que inicialmente lo ha emitido la Contraloría, pero que cada uno de los funcionarios tiene la posibilidad de defenderse, puntualizó.
Sobre el informe que determinaría exceso de asesores y una supuesta irregularidad en el pago de horas extras, Guarderas dijo que este es un tema que lo lleva adelante la Dirección de Talento Humano, su director ha señalado que hay un error en la interpretación de Contraloría en el sentido de que se quiere dar vigencia a un decreto presidencial que tiene aplicación en la Función Ejecutiva y no de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, en el sentido de se puede establecer el pago de hasta 60 horas extras.
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