Acción de protección planteada por el Ministerio de Educación contra el Municipio de Guayaquil no fue aceptada
La Unidad Judicial de Adolescentes Infractores rechazó la acción constitucional de medidas cautelares planteada por la ministra de Educación, María Brown, en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.
La Unidad Judicial de Adolescentes Infractores rechazó la acción constitucional de medidas cautelares planteada por la ministra de Educación, María Brown, en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, tras las discrepancias de ambas autoridades en la autorización de clases presenciales en la urbe porteña.
El retorno a clases presenciales, de manera voluntaria, ha generado inconvenientes en Guayaquil, donde varios colegios han sido clausurados por disposición de las autoridades municipales, pese a la autorización emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, en conjunto con el Ministerio de Educación.
La acción de protección, ahora negada, no fue el único recurso legal interpuesto por Educación en contra del Cabildo porteño. La misma demanda fue planteada para que se revea la prohibición de clases presenciales y clausura de planteles educativos; así como las acciones administrativas para impugnar la sanción municipal a los planteles educativos.
"La justicia da la razón al Municipio de Guayaquil en relación a clases presenciales. No se suspendió la educación, solo se protegió el derecho a la salud", escribió en su cuenta de Twitter, Viteri.
Cuando arrancó la pugna entre Educación y el Municipio, el presidente, Guillermo Lasso, aseguró que se "hará respetar" el regreso a clases presenciales. Además, dijo que los estudiantes deben regresar a las escuelas y colegios para seguir fortaleciendo su desarrollo académico y socioemocional, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
"También, los padres y madres podrán trabajar con tranquilidad sabiendo que sus hijos están seguros", resaltó el pasado 26 de enero el presidente Lasso.
Por su parte, Brown, ha señalado en varias intervenciones que asistir a la escuela no se puede considerar un “riesgo innecesario", ya que se trata de "un servicio público y un derecho humano que debemos garantizar”.
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