Exprefecto y exdirector de Azuay procesados por peculado tras alquiler irregular de avionetas privadas
La investigación previa inició tras haber recibido un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal.
El exprefecto de Azuay, Paúl Ernesto C., y el exdirector Administrativo y de Logística del GAD Provincial enfrentan un proceso judicial por presunta autoría en el delito de peculado, relacionado con irregularidades en la contratación de servicios durante su gestión.
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La Fiscalía presentó elementos de convicción que llevaron a la Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Julia Elena Vásquez, a ordenar la presentación periódica de los procesados cada 15 días, mientras avanza la investigación.
Según expuso el fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso Garzón, la investigación previa inició tras haber recibido un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal, relacionados con los procesos de adquisición, registro, control y pago de bienes y servicios de ínfima cuantía de la Prefectura entre enero de 2014 y diciembre de 2018.
Durante este periodo, el exprefecto habría autorizado el alquiler de avionetas particulares para viajes dentro del país, que lo transportaron a él y a otras siete personas que no tenían relación laboral con esa institución.
En la investigación, se constató que el funcionario no hizo las gestiones necesarias para utilizar aerolíneas comerciales que operaban con normalidad en ese entonces. Además, el Aeropuerto de Cuenca funcionaba normalmente.
Por su parte, Hugo Javier O. es señalado porque no habría verificado que las contrataciones excedieron el límite de ínfima cuantía y presuntamente autorizó los presupuestos referenciales, y solicitó el pago de las facturas sin justificar la necesidad institucional de comprometer los recursos.
En total, se llevaron a cabo veintiocho contrataciones que habrían causado un perjuicio de 112.299,25 dólares a la Prefectura de Azuay.
Entre los elementos de convicción constan documentos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que certifican la falta de publicación de las contrataciones relacionadas con los servicios de avioneta, así como informes periciales y declaraciones de funcionarios de la Contraloría y el Gobierno Provincial de Azuay.
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y conlleva una pena de privación de libertad de diez a trece años.
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