La vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, ha presentado ocho supuestas "agresiones" en su denuncia por presunta violencia política de género contra el presidente, Daniel Noboa, y otros miembros de su Gobierno.
Antes de ser suspendida de su cargo mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, notificada este sábado 9 de noviembre, la vicepresidenta presentó sus alegaciones este viernes, a través de su defensa, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al que pide que sancione a Noboa, a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, a la asesora presidencial Diana Jácome y al exviceministro de Gobierno Esteban Torres.
Según el abogado de Abad, Damián Armijos, el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios han intentado "a toda costa" impedir el ejercicio de la función pública de Abad.
Además, aseguró que buscan "amedrentarla, intimidarla y hostigarla" con el fin de "provocar su renuncia y evitar la sucesión presidencial, como manda la Constitución", que debería ocurrir cuando Noboa solicite licencia para su campaña electoral en 2025, cuando buscará su reelección.
El abogado también mencionó que, a pesar de que Abad intentó viajar a Ecuador para asistir a la audiencia, se le negó el permiso de vacaciones que había solicitado, y que tampoco pudo conectarse de forma telemática para intervenir en la diligencia.
El abogado de Abad aseguró que, de ser favorable para la vicepresidenta, esta sentencia podría marcar "un precedente histórico" relacionado con la participación política de las mujeres.
"Las candidatas no pueden ser sólo una imagen en la papeleta, las mujeres en la vida política deben tener una incidencia, una participación que les permita tomar decisiones, (...) que no puedan ejercer la función pública afecta a esta democracia representativa", señaló Armijos.
Durante la audiencia, Armijos presentó una serie de noticias en las que el presidente Noboa se refería a la vicepresidenta e incluso videos de ministros como la de Interior, Mónica Palencia, y el de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en los que acusaban a Abad de querer desestabilizar al Gobierno.
Pruebas que la abogada de Noboa, Mercedes Mediavilla, rechazó, pues señaló que en un proceso sancionador como este el primer mandatario no puede responder por las acciones de otras personas.
Además, catalogó de desproporcionadas las sanciones que Abad ha pedido para su defendido, entre las que está la destitución de su cargo como presidente y la suspensión de sus derechos de participación por cuatros años.
Las defensas de los otros funcionarios negaron que las decisiones que se tomaron en torno a las funciones de la vicepresidenta y embajadora estén relacionadas con el hecho de ser mujer.
En el TCE también se procesan las contrademandas presentadas por Diana Jácome y la canciller Gabriela Sommerfeld contra Abad por los mismos términos de presunta violencia de género.
El distanciamiento entre Noboa y Abad -evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023- se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.
Abad interpretó esta designación como embajadora como un método para alejarla del país y de la gestión del Gobierno, pues en caso de negarse podía ser destituida.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de posible corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno de la Asamblea Nacional.
Pero este sábado, mediante una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, que está a cargo de Ivonne Núñez, la segunda mandataria fue sancionada por "abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales".
Se impuso una sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la servidora pública María Verónica Abad Rojas, en su cargo de Vicepresidenta de la República, con lo que se impediría que asuma la Presidencia durante el período en que el presidente Daniel Noboa deba ausentarse para su campaña electoral.