Para ser el tema que ha quitado el sueño durante los últimos siete años a los ecuatorianos, las dos preguntas en el debate presidencial sobre seguridad y paz quedaron cortas. Pero no es problema de las preguntas, sino de las respuestas. En materia de seguridad no hubo ganadores en el debate del domingo 19 de enero.
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Los 16 presidenciables fueron divididos en dos bloques, cada uno, integrado por ocho candidatos. Al primer bloque le consultaron si es partidario de juzgar con la misma vara que a los adultos a los menores de edad que cometan delitos graves.
Es una pregunta muy controversial. En Ecuador, los menores de 18 años son “inimputables”, es decir, no son castigados con la misma severidad que un adulto. Sin embargo, es un hecho que los menores son reclutados por las bandas delictivas y empiezan su aprendizaje en el mundo delictivo subiendo de jerarquía, a medida que cumplen órdenes, las cuales pueden incluir secuestros y sicariatos.
En el primer bloque se encontraba el presidente candidato Daniel Noboa. Él afirmó que es partidario de juzgar a los menores que cometen delitos graves, a partir de los 15 años, sin explicar su argumento.
El momento de tensión se produjo cuando el candidato de CREO, Francesco Tabacchi, le preguntó a Noboa si podría repetir los nombres de los cuatro niños de Las Malvinas, asesinados en diciembre de 2024, luego de ser detenidos por una patrulla militar. También le preguntó si pediría disculpas a sus padres. Noboa eludió la respuesta a esta pregunta. Más bien, le increpó a su interpelante que cuando fue gobernador de Guayas, los índices de violencia se dispararon en esa provincia.
Henry Cucalón, de Construye, había anticipado que no irá tras los menores que delinquen sino tras los reclutadores, a quienes se dirigió así: “Escúchenme bien, desgraciados”.
Henry Kronfle respondió a la misma pregunta anotando que 6 de cada 10 miembros de los Grupos de Delincuencia Organizada son menores de 19 años. Y relató que él, quien presidió la Asamblea Nacional hasta hace pocos meses, también fue amenazado con una pistola en su cabeza. Pero aprovechó el espacio de las repreguntas para anunciar que, en su gestión, “Rafael Correa será extraditado”.
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El candidato Luis Tillería aprovechó la pregunta para anunciar que los presos en su gobierno “trabajarán como chinos”, y anticipó que pondría límites al accionar de la fuerza militar en materia de seguridad, lo que generó la pregunta de Daniel Noboa: ¿Usted está en contra de la voluntad popular expresada en urnas?”. Se refiere a la consulta popular de abril de 2024, que viabilizó la participación de los uniformados en seguridad interna.
El postulante Juan Iván Cueva afirmó que para evitar que ocurran muertes por robo de celular impulsará un plan llamado “celular de por vida”, sin explicar detalles, pero eludiendo la pregunta central del debate.
Jorge Escala, convertido en contradictor de Daniel Noboa, le increpó al actual presidente porque ha fracasado en materia de seguridad. En respuesta, Noboa replicó que el fracaso es estar 25 años con el mismo cuento.
En el segundo bloque de candidatos, el tema de seguridad tuvo un matiz. Cada uno debía contestar qué hará en su mandato para evitar la impunidad, ya que quienes delinquen y son detenidos por la fuerza pública, son liberados por el poder judicial, sin que haya consecuencias.
Este bloque incluyó a las dos mujeres candidatas. Por coincidencia ambas tienen el apellido González. Luisa González, de RC, empezó su intervención recordando los nombres de los 4 niños de las Malvinas e hizo alusión al nombre y la edad de su propio hijo, pero olvidó el último de los nombres. En su alocución no aclaró explícitamente que se refería al caso de los niños detenidos en diciembre, cuyos cuerpos fueron encontrados en Taura, calcinados y desmembrados.
Andrea González, candidata de Sociedad Patriótica y que en 2023 corrió como binomio de Fernando Villavicencio, se convirtió en su contradictora durante todo el segmento. Cada una de sus intervenciones incluyó dos o más alusiones directas a las acciones y omisiones del correísmo. Al punto que inició su participación señalando que la ruta marítima se convirtió en la autopista para el envío de la cocaína. Y cerró su intervención en seguridad mencionando que el Ecuador es un narcoestado.
En este bloque, Pedro Granja refirió en reiteradas ocasiones al caso de la narcovalija hacia Italia. La acusación fue desmentida por la representante del correísmo, Luisa González.
Hubo ofertas con tufo a populismo penal: esto significa ofrecer penas extremas con el único afán de captar votos, justificando la propuesta hiperpunitiva en el miedo de los electores en un ambiente de violencia. Así, el general de la policía en servicio pasivo, Victor Araus habló de “cárcel para delincuentes y cementerio para violadores”. Fue interpelado por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; él le preguntó cómo llenará los cementerios. En respuesta, Araus afirmó que planteará pena de muerte para delitos como la violación.
Ambos se enfrascaron en un vis a vis. Saquicela sacó a relucir el tema de los narcogenerales cuando Araus le preguntó qué había hecho como presidente de la Corte de Justicia para depurar la función judicial.
Pero esto no fue todo. Leonidas Iza a su turno interpeló a Araus al preguntarle qué hizo para evitar el ingreso de armas a Guayaquil, cuando fue comandante de la zona policial ocho. Además, le increpó porque en la lista de asambleístas de su movimiento hay un postulante vinculado con el entramado de Metástasis y el narcolavador Leandro Norero. Y por si fuera poco le acusó de haber tenido relaciones con Rubén Chérrez, relacionado del entramado de la narcomafia albanesa.
Araus se defendió de todas las acusaciones, afirmando que son falsas. Aseguró que no participó en la elaboración de listas para asambleístas, pero que reclamó cuando se enteró de la inclusión de un investigado por la trama Metástasis entre los postulantes al Legislativo.
Otro momento de clímax se produjo cuando la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, acusó a Iván Saquicela de haber liberado a Rasquiña. Leyendo sus documentos de apoyo, poniéndose y quitándose los lentes, González insistió en el hecho y mencionó a Rasquiña como si, en el presente, sembrara el temor en las calles.
Jorge Luis Zambrano, Rasquiña o JR, fue el líder indiscutible de Los Choneros. Detenido y liberado varias veces, en junio de 2020 obtuvo su libertad luego de que el juez José Tamayo aplicara un recurso para reducir la pena, que cumplía por asesinato. En diciembre de ese año Rasquiña fue asesinado en un centro comercial de Manta. A su muerte empezó la guerra interna en la organización delictiva, por la sucesión del liderazgo. Al tiempo se produjo la atomización entre bandas, llegándose a identificar 22 organizaciones narcoterroristas actualmente.
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La historia de la liberación de Rasquiña fue publicada por Vistazo en alianza con Código Vidrio y la plataforma Connectas en agosto de 2022. Es una de las investigaciones del reportaje Narcosentencias Exprés: Privilegios e impunidad en la justicia ecuatoriana. Recibió el premio Jorge Mantilla en noviembre de ese año y fue presentada en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, en México en diciembre de 2023, como una de las investigaciones relevantes en materia de crimen organizado.