Según el artículo # 148 de la Constitución, el Presidente de la República puede durante los tres primeros años de su mandato y por una sola vez decretar la muerte cruzada. Esta prerrogativa le permite disolver la Asamblea Nacional y gobernar por decreto durante seis meses hasta que se realicen nuevas elecciones. Las causales para la muerte cruzada son tres: la Asamblea reiteradamente obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; se arroga funciones que no le competen; existe una crisis de conmoción nacional. Hoy ante el bloqueo al Presidente, se la ha mencionado como posibilidad.
Si bien es un mecanismo disuasivo para los excesos parlamentarios como aquellos que ocurrieron entre 1997 y 2005, donde se destituyó a tres presidentes, es un mecanismo inconveniente de llegar a aplicarse. Tiene una semilla antidemocrática, peligrosa en un país con cultura política autoritaria. El Presidente que la convoca gobernará por decreto y aunque estos decretos deben ser aprobados por la Corte Constitucional, en la práctica, se concede al Mandatario plenos poderes hasta que haya elecciones. Segundo conlleva el riesgo de que el remedio resulte peor que la enfermedad y que aquellos destituidos regresen con más fuerza, por el desgaste natural de gobernar del Ejecutivo.
Si Ecuador quiere progresar, los políticos deben aprender a consensuar y trabajar dentro del equilibrio de los poderes, para consolidar las instituciones democráticas y abandonar los experimentos sociales que tienen un enorme costo económico y social para las naciones, como se puede apreciar en América Latina. Pero también, el país no puede vivir de elección en elección porque eso genera incertidumbre y retrasa inversiones y con ello el desarrollo económico.
Sin embargo, igualmente Ecuador no puede seguir con un Parlamento fragmentado y polarizado, que camina contracorriente de la decisión mayoritaria de los ecuatorianos que votaron por un modelo a seguir y de los tiempos y urgencias que tiene la sociedad. Para mejorar la gobernabilidad convendría que se elijan los parlamentarios en la segunda vuelta, de manera que las fuerzas mayoritarias estén mejor representadas y no exista como ahora tanta dificultad para lograr consensos. Finalmente, hay que buscar que exista una segunda cámara o senado, para que la legislación que se apruebe cuente con dos filtros y se evite hacer reformas a las leyes ni bien hayan sido aprobadas y vivir sus pavorosas secuelas, como es el caso del Código Penal.
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