La gran tragedia para el estado de Derecho en Ecuador se resume en aquella frase de Benito Juárez sobre por qué no funcionaban las leyes en México: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la Ley”.
En la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de amnistía para quienes participaron en las protestas vandálicas de octubre de 2019, donde se cometieron delitos flagrantes como aquel en que dos dirigentes indígenas secuestraron a policías y periodistas en la Casa de la Cultura e incitaron a derrocar a un gobierno. Hubo actos vandálicos en fincas lecheras y de flores, restaurantes, incendios de un canal de televisión y el edificio de la Contraloría, etc. Los amigos de los vándalos aseguran que se trató de una protesta social, desconociendo que protestar es legítimo, siempre y cuando ocurra dentro de los parámetros legales y que fuera de ellos la protesta se convierte en un delito que debe tener una sanción. Cuando no se lo hace campea la impunidad.
La impunidad debilita el estado de Derecho, que es la única garantía para la práctica de la democracia y la protección para los derechos humanos. El principio fundamental del estado de Derecho es que las reglas deben ser aplicadas de forma impersonal y de la misma manera para todas las personas. ¿Por qué con el pretexto de protestar, puede una persona infringir daños a otras personas y a bienes privados y públicos? ¿Por qué lo que es delito para unos, no lo es para otros?
Por este círculo vicioso de impunidad es que Ecuador está en el índice inferior del estado de Derecho a nivel mundial, codeándose con países africanos, que tienen años de volatilidad política. Nuestro lugar es el 92 entre 139, donde el último sitio lo ocupa Venezuela. En contraste, Uruguay, un país casi tan pequeño como el nuestro está en el puesto 25 y muy cerca Costa Rica (31) y Chile (32) y estamos a más de cinco escaños con nuestros vecinos Colombia (86) y Perú (85).
Si desagregamos los componentes del índice, en algunas categorías incluso nos hundimos más: ausencia de corrupción puesto 94, Ley y Seguridad, 94 y justicia criminal 101. Mientras no cambien estos componentes, no habrá progreso ni inversión: nadie quiere trabajar y vivir en un lugar donde no hay seguridades jurídicas para la vida de las personas o si se observa como en el caso de la amnistía que se tramita donde la Ley no sirve, porque para los amigos es todo.
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