El Gobierno envió a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2022, la misma que contempla un monto de $33.899,73 millones e incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), que representa un incremento de $2.438,57 millones (2,22 % del PIB), en relación al codificado al 31 de agosto del 2021 del PGE.
La CFDD del año 2022 será de $4.323,84 millones, es decir, $1.122 millones más que el valor que consta en el presupuesto codificado a agosto del 2021.
Entre los supuestos macroeconómicos que sustentan en la Proforma 2022 están: precio promedio del barril de exportación de petróleo ($59,20), crecimiento real del PIB (2,85 %), inflación promedio (1,28 %), volumen de producción fiscalizada de petróleo ($179,88 millones de barriles) y un PIB nominal de $109.618,57 millones.
Los ingresos totales de la Proforma totalizan $24.114,62 millones y los gastos son de $27.898,12 millones, dando como resultado un déficit global de $3.783,50 millones, equivalente a 3,45% del PIB. Esta cifra representa $29,70 millones más del déficit que se registra en el presupuesto codificado a agosto 2021.
De conformidad con las normas legales, ésta no incluye ningún ingreso esperado por la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, que ha sido presentada a la Asamblea Nacional.
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Los egresos de la Proforma modifican la clasificación de algunos ítems de sueldos y salarios, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes, que habitualmente se registraban como un gasto no permanente y ahora constan como permanentes, con el objetivo de presentar información presupuestaria transparente de acuerdo a su naturaleza económica. De esta forma, los gastos que tienen una relación directa y permanente con las operaciones del Estado, así como la política de protección social, son presentados como permanentes.
El Ministerio de Economía y Finanzas señala en un comunicado que los ingresos permanentes de la Proforma 2022 son inferiores a los gastos permanentes en $740 millones. Una parte de los egresos permanentes de educación salud y justicia serán financiados con ingresos no permanentes conforme la excepcionalidad dispuesta en el Decreto 170 en aplicación a lo señalado por la Constitución de la República.
La Proforma garantiza además los programas de protección social con una asignación de $1.470,93 millones, en los que constan: Bono de Desarrollo Humano ($631,85 millones), pensión de adultos mayores ($391,46 millones), Bono Joaquín Gallegos Lara (123,51 millones), pensión para personas con capacidades especiales ($109,09 millones) y ayudas sociales en las que contempla acompañamiento a personas con discapacidad, centros de acogida, entre otros, por un monto de $214,79 millones, así como el Bono para niñez y adolescencia en situación de orfandad por femicidio ($0,23 millones).