Reglas claras y estabilidad jurídica, son los elementos esenciales para el fortalecimiento del mercado de valores en Ecuador, que en los últimos años registra una tendencia creciente, pero que no logra una verdadera consolidación como mecanismo de financiamiento e inversiones.
Según la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), en 2019, el mercado bursátil registró 11.797 millones de dólares en montos negociados, lo cual representó un incremento del 57,8 por ciento en comparación con el 2018. Asimismo, los montos emitidos y el número de emisores aumentaron el año pasado.
Este comportamiento se generó por una mayor participación del sector público, especialmente de las inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), el incremento de las emisiones del sector privado y una importante negociación de Facturas Comerciales Negociables.
Los montos negociados en el mercado de valores del país representaron el 10,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, superando los dos dígitos luego de nueve años, asegura el presidente del directorio de la BVG, Rodolfo Kronfle. Sin embargo, este indicador está por debajo del porcentaje de otros países de la región como Colombia, Chile, Perú, Brasil, México, entre otros.
El presidente del directorio de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval), Fernando Simó, resalta que hay algunas razones para este bajo posicionamiento del mercado bursátil nacional. Una de ellas es el tiempo de trayectoria del sector.
“Somos un mercado relativamente joven, en crecimiento (han transcurrido tan solo 26 años desde la aprobación de la Ley de Mercado de Valores), mientras hay países en la región cuyos mercados tienen más de 150 años de edad, por lo que aún estamos en consolidación y desarrollo”, explica el directivo.
Otra razón es que la actividad bursátil no ha sido visualizada como un sector estratégico para el desarrollo económico del país, pese a quecuenta con alternativas de financiamiento e inversión para personas y empresas de todos los segmentos.
“Recordemos además que un mercado de valores requiere para su consolidación, aparte de incentivos, educación y capacitación; la confianza a través de estabilidad política y económica, que es algo que en los últimos años ha faltado, así como reglas claras”, destaca Simó.
Este último elemento es esencial para facilitar la comercialización de los títulos que se negocian en las bolsas de valores. “Hay que mantener cierto nivel de certeza relacionado con las expectativas y proyecciones que reciben o realizan los inversionistas”, manifiesta Rodolfo Kronfle.
Pone como ejemplo negativo el impuesto único a la utilidad en la enajenación de valores representativos de capital (acciones u otros títulos de renta variable), que desde su creación en 2014 ha pasado por varios cambios, lo cual genera incertidumbre sobre el tributo a pagar por las ganancias en estos papeles.
Una reforma normativa también es necesaria, indica Kronfle, pues hay gestiones que no se pueden lograr por la ley que actualmente tiene el mercado de valores.
Fernando Simó reconoce que el actual marco legal contiene sobre regulación, normas mal dirigidas y aplicadas, así como una carga tributaria excesiva, que desalienta en parte a los inversionistas. Por ello, está a favor de una reforma que permita un cuerpo normativo moderno con la adecuada supervisión para el desarrollo de la actividad.
A la par se necesita una mayor participación de los fondos de la seguridad social en el mercado de valores. En este aspecto, juega un papel fundamental el Biess, que el año pasado invirtió 927 millones de dólares a valor nominal a través de la adquisición de bonos a jubilados, papeles del sector público, de instituciones financieras y de empresas privadas.
“El Biess durante el año 2019 logró retomar su participación como uno de los principales inversionistas del mercado de valores, a través de inversiones en empresas del sector real, lo cual permitió además de obtener una mayor rentabilidad, la dinamización de la economía y generación de empleo”, resalta la institución.
Para el presente año, el banco tiene aprobado un presupuesto de inversiones que asciende a 490 millones de dólares para el sector privado de renta fija y de 25 millones de dólares para renta variable. Aunque esta información fue proporcionada antes de la emergencia sanitaria y el estado de excepción decretados por la propagación del COVID-19 en el país.