El conflicto legal gira en torno a la propiedad de El Cartel Records y Los Cangris, Inc., con González reclamando el 50% de las acciones mientras la defensa del artista lo cuestiona.
Mireddys argumenta que han entregado toda la información requerida y que cualquier nueva petición por parte de Daddy Yankee y su equipo legal constituye una forma de presión indebida.
