El Estado termina pagando más de cinco millones de dólares por cada una de las 20 escuelas prefabricadas que utilizó y que muchas de ellas ya están destruidas o a punto de cumplir su vida útil.
El Gobierno se pronunció con respecto a un artículo publicado por un medio digital en el que se afirmaba que las escuelas del milenio abandonadas iban a convertirse en cuarteles policiales.
