Entre las condiciones carcelarias exigidas por la CIDH está el traslado del exvicepresidente de La Roca a otra cárcel donde tenga una celda adaptada sin objetos que puedan usarse para autolesionarse.
El caso se remonta a 1995, cuando en el marco de varios operativos policiales antidrogas, fueron llevadas a cabo una serie de detenciones bajo uso excesivo de la fuerza.
