Se presentan pruebas de cargo y descargo durante juicio político contra ministra María Paula Romo por disturbios de 2019
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El juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien acusan de incumplimiento de funciones durante los disturbios de octubre de 2019, se desarrolla de forma virtual, con la presencia física de la funcionaria en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, desde donde ha defendido sus decisiones durante las manifestaciones.
La sesión inició con la lectura del informe preparado por la Comisión de Fiscalización ante el proceso propuesto por los legisladores independientes Lourdes Cuesta, Roberto Gómez, y Amapola Naranjo.
La mesa legislativa acogió dos de las tres acusaciones contra la titular del Ministerio de Gobierno: uso de bombas lacrimógenas caducadas y lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz o de acogida humanitaria.
Entre sus pruebas de descargo, la ministra señaló que las bombas lacrimógenas usadas no representaban un peligro para la salud pese a su caducidad, y aseguró que "la Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019".
Al inicio de su intervención, Romo detalló las funciones que la Constitución y la ley le asignan, y cuestionó sobre cuáles de ellas han sido incumplidas por sus omisiones. A continuación explicó la respuesta que dio la Policía Nacional durante los sucesos de octubre.
"Pese a los actos violentos la Policía usó fuerza disuasiva; primó la mesura y los principios que regulan el uso de la fuerza", dijo la funcionaria, al reseñar los hechos.
Reiteró que "la Policía no actuó con fuerza letal. No se puede cuestionar la legalidad y legitimidad con la que actúa la Policía Nacional para imponer la ley".
Sobre la acusación de uso de bombas lacrimógenas, la ministra afirmó que "los hechos de octubre fueron tratados como un conflicto de orden público y no como un escenario de guerra". "La Policía nunca entró a una universidad", añadió.
"Es peligroso para la democracia que se cuestione la legitimidad con la que la Policía actúa", puntualizó.
Por su parte, la legisladora Amapola Naranjo sostuvo que el juicio político a la titular del Ministerio responde a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y aclaró que el juicio político es contra la funcionaria y no en contra de la Policía.
Afirmó que "hubo la disposición para disolver la manifestación pacífica a la que tiene derecho el pueblo ecuatoriano". "Las bombas lacrimógenas fueron usadas como proyectiles, al cuerpo de los manifestantes".
De su lado, el asambleísta Roberto Gómez manifestó: "el Estado en su conjunto fracasó, debemos evitar que haya otro octubre".
Señaló que, la ministra es juzgada por "violar la ley y poner en riesgo la vida de los policías entregándoles implementos en mal estado".
Además, indicó que "por mandato de la Constitución, la Policía Nacional es obediente y no deliberante, es decir, los policías no pueden decidir las cosas por sí mismos".
Por último, Gómez mocionó la censura y destitución de la ministra como sanción política "por el incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo y expresas violaciones a la Constitución y leyes del país".
En su réplica, la misnitra de Gobierno afirmó que está lista para ser censurada. “Hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí y la llevaré con honor”. “Estoy lista para ser censurada pero díganle al país la verdad”.
Luego, el presidente de la Asamblea Nacional declaró abierto el debate, en el cual intervienen varios asambleístas y exponen sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos sin derecho a réplica.
De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. Según el procedimiento para el caso de un ministro, en un proceso de censura y destitución se requiere el voto favorable de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, integrada por 137 legisladores, es decir, al menos 91.
La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad, y si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que su caso pase a conocimiento de la autoridad competente.
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