¿Qué hubo detrás de la guerra de los 11 días?
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El cambio en la cúpula militar tiene un sentido. El mando saliente no tuvo una visión estratégica sobre la amenaza: no se trataba de un paro indígena, sino de un brote golpista. Tras la guerra de los 11 días, los uniformados anuncian que harán uso de la fuerza. Vistazo aquí lo revela.
Bitácora del horror. Siete muertos; cientos de heridos. Dolor. Doscientos dos policías y 280 militares secuestrados en la guerra de los 11 días. Que la historia no borre las primeras semanas de octubre. Que la memoria grabe.
Que los sentidos estén en alerta. La intentona desestabilizadora de inspiración madurista no logró su objetivo final: el derrocamiento del Gobierno, la irrupción de un régimen de transición y la legitimación del correísmo a través de un proceso seudo-democrático en urnas.
Eso vivió Ecuador, según fuentes castrenses revelaron a Vistazo; aunque algunos crean que todo se reduce al rechazo del sector indígena por el fin del subsidio a los combustibles; protesta reflejada en las calles y reprimida por la fuerza pública. Estrategia clásica del golpismo: desviar la atención y escudarse en los más vulnerables, para crear víctimas ante la opinión pública. Restar credibilidad a los medios de comunicación.
El brote llegó a Chile a semana seguida. Usó de pretexto el alza en el valor del transporte público (Metro) para causar violencia. Pero es un contexto distinto.
La guerra de los 11 días en Ecuador también se libró en el espacio de las redes sociales y las noticias falsas. El ganador fue el miedo. También ganaron los causantes de las profundas heridas del país, súbitamente reabiertas: discriminación, racismo, xenofobia, odio de clase, revanchismo… De carambola, surge un renovado apetito por el porte de armas entre los ciudadanos de a pie. Nada más perverso que el anuncio de la ley del ‘ojo por ojo’.
Ahora todo tiene sentido. Las acciones violentas se fueron preparando no en los últimos meses, sino en los años del correísmo. El perdón del pasado judicial a integrantes de grupos urbanos (Latin Kings y Los Ñetas), para que se integren en las filas de la policía y la milicia. Las instituciones armadas deben revisar las hojas de vida de sus integrantes más recientes, para detectar a los que llegaron gracias a la generosa política implantada por Ricardo Patiño. El excanciller y exministro de Defensa está asilado en México.
¿Es parte del contexto de preparación golpista la llegada de 250 personas, desde Cuba, en las semanas previas a las protestas, con salvoconducto diplomático? Las autoridades investigan.
Los correístas camaleónicos están infiltrados en el Ejecutivo y en las fuerzas del orden, tanto policías como militares. Ocupan estamentos claves en el Centro de Inteligencia Estratégica, exsecretaría de Inteligencia, ausente en esta crisis. Este Centro (CIES) no pudo esbozar un escenario proyectivo para alertar sobre la gravedad de la amenaza: unos 60 puestos de importancia en esta agencia se reportan a la revolución ciudadana.
“Se desmanteló la Inteligencia, ese fue el proyecto del correísmo, así se debilitó el sistema de alertas frente a amenazas, pero se persiguió a opositores”, afirma el general René Yandún, militar condecorado, hoy asambleísta.
Hay una “oficialidad bolivariana”, leal a la “Ley Patiño” de 2016. Esta ley reformó los sistemas de seguridad social de militares y policías. Posicionó ante miembros de tropa y de las escalas más bajas la falacia de que se mejoraban sus ingresos. En la práctica, redujo el aporte individual del 23 al 10 por ciento del sueldo para la seguridad social, descapitalizando los sistemas, creando la ilusión de más plata de bolsillo. Populismo en los cuarteles: división a la vista. “La gravedad de los hechos exige que no descartemos ninguna de las hipótesis, y esa la estamos analizando”, advirtió la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Mapeando las amenazas
Se filtró desde el Ejecutivo el dato de que el Impuesto al Valor Agregado subiría tres puntos. También se corrió la información sobre el fin al subsidio de los combustibles (diésel y gasolina extra) que encendió la protesta de los transportistas, mientras las organizaciones indígenas –agrupadas en el paraguas de la Conaie– organizaban marchas hacia Quito y Guayaquil.
Algunas dirigencias de los indígenas no lo dicen en público, pero en privado son fans de la revolución ciudadana. Su capacidad de movilización está mapeada: pueden mover hasta 32 mil personas, unos por convicción, otros por miedo a retaliación. Al cierre de edición, hay síntomas de fractura entre bases y dirigentes, por la sensación de que los muertos los pusieron los más débiles, y no hay claridad sobre los alcances a los que llegaron en las negociaciones con el Gobierno, tras la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Las organizaciones de línea revolucionaria, cobijadas en la colcha multicolor de la ideología de izquierda, movilizan otras tres mil personas, obnubiladas por la doctrina. Pero hay un grupo más radical, afín a la línea de combatientes populares y combatientes guevaristas. Podrían movilizar más de dos mil personas, en grupos de choque.
Sin embargo, el grupo más numeroso, el más organizado y el que mayor tiempo tuvo para armar su estrategia, ya que se activó y entrenó en los últimos seis a ocho años, lo constituyen los comités de defensa de la revolución. Representan unos ocho mil integrantes, según reportes a los que accedió Vistazo.
“Son grupos articulados, pero segmentados en cuanto a su accionar. Algunos eran conscientes del fin último de las protestas de octubre, otros pensaban que se buscaba crear caos”, revela un uniformado, quien a manera de confesión revela que “los militares no teníamos inteligencia de campo para tener una visión proactiva, y no reactiva”.
Hoy es claro que ciertas ONGs y centros académicos apoyaron la revuelta. No es un secreto que ciertos grupos indígenas reciben en su tierra adoctrinamiento por parte de organizaciones subversivas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las FARC, de Colombia.
Las estrategias de ataque urbano, la formación en diamante en grupos protegidos por escudos de madera o metal. Vistazo revela aquí imágenes de la Guardia Indígena y la Guardia Popular. Hay reportes del uso de cilindros de gas recortados y potenciados con explosivos, lanzados en el ataque contra la sede de la Asamblea. Esos son los famosos tatucos, arma letal usada por las FARC en el país vecino. También fueron usados por “Guacho”, líder del frente Sinisterra.
Falta de inteligencia
Desde agosto de 2015 la Policía sabía que los indígenas usaban voladores (pirotecnia recargada) como proyectiles, dirigidos a través de tubos de PVC. Ese año hubo protestas por la Ley de Plusvalías y la Ley de Herencia, contra un ya debilitado correísmo. En Saraguro (Loja), dos uniformados quedaron heridos por el impacto de voladores. ¿Qué hizo la Policía? La orden era reprimir, y venía del despacho del entonces ministro del Interior, José Serrano, revelan oficiales consultados. Sin embargo, nadie indagó sobre el entrenamiento armado a indígenas en 2015. La dirección de Inteligencia de la Policía estaba concentrada en el manejo de los recursos a través de la cooperativa de la institución: el entonces director general era pariente del Secretario Nacional de Inteligencia, y del titular de la cooperativa, según documentos de la época.
En los hechos de octubre de 2019, la Policía actuó con el uso progresivo de la fuerza, no usó perdigones, ni disparó contra la población, aclara la ministra Romo. “Nosotros somos los primeros interesados en que entidades de derechos humanos verifiquen lo que ocurrió”.
En el punto más crítico, 10 gobernaciones fueron tomadas por los rebeldes. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, defendía la creación de un ejército indígena. Al cierre de esta edición, la cúpula militar fue relevada. ¿Por qué?
“Faltó capacidad para visualizar el problema a un nivel estratégico, la estrategia y la parte operativa no fueron las adecuadas porque el mando no identificó los centros de gravedad en el entorno de una amenaza híbrida”, advierten fuentes de Defensa. No fue adecuado el envío de tanquetas. Los grupos violentos se apoderaron de Quito el sábado 12 de octubre. No hubo coordinación con el mando de la Policía. Ciertos oficiales percibían un paro indígena, cuando estaba en marcha un movimiento golpista en varios escenarios, incluyendo el virtual. Los rebeldes usaron drones para sus fines.
La nueva cúpula militar está encabezada por el general de División, Luis Lara Jaramillo, nombrado jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Tiene 36 años en la fuerza, y nació en Macará. Fue declarado héroe nacional en 1995. El general de brigada Luis Altamirano Junqueira, nuevo comandante general del Ejército, es el primer general con un doctorado (PhD), obtenido en Educación, por la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, en Perú.
Ambos oficiales tuvieron líneas críticas durante la gestión de Patiño. Altamirano lo enfrentó en un consejo de generales y le increpó que si decía ser economista porqué quería quebrar la seguridad social militar (ISSFA). Redactó la demanda de inconstitucionalidad de la ley Patiño: la presentó en febrero de 2017 ante la Corte Constitucional. A este general lo respetan por su frontalidad.
Uniformados y el uso de la fuerza
Jueves 10 de octubre de 2019. Una ambulancia, con enfermero, médico, un oficial y dos voluntarios, que transportaban a una paciente mujer fue detenida en la vía a Pujilí. La condujeron a la comunidad de Maca, donde los uniformados permanecieron secuestrados hasta el lunes 14 de octubre, al mediodía. No fue un caso aislado.
Al norte de Quito, en cambio, un grupo de policías fue secuestrado en un estadio deportivo, hasta que un grupo táctico especializado los liberó. Una uniformada recibió heridas en la cabeza.
Después de los hechos de octubre, los militares emitieron normativas para el uso de la fuerza, una vez cumplidos tres momentos preventivos y disuasivos. ¿Cuáles son estos? Cuando se advierte la presencia física del oponente; cuando se acorta la distancia y cuando es inminente el contacto físico. En el cuarto momento habrá orden de disparar, revela una fuente de Defensa. El ministro Oswaldo Jarrín afirmó el 21 de octubre que, ante la insurgencia, viene mano dura.
Esto empata con la reforma a dos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La reforma al artículo 30 plantea un texto añadido, según el cual “No existirá infracción penal cuando los funcionarios públicos de las FF.AA. y Policía se empleen en el cumplimiento de las misiones constitucionales de defensa nacional, integridad territorial y preservación del orden público; siempre y cuando se observe y se hayan cumplido con las reglas de enfrentamiento, reglas del uso progresivo de la fuerza y normas de comportamiento constantes en su planificación”.
En el cambio al artículo 293, se aclara el concepto de “extralimitación de fuerzas”: la actuación por parte de FF.AA. y Policía Nacional que no están contempladas en sus planes o planificaciones.
“Los militares no inician una guerra, son los políticos quienes la comienzan”, decía un general estadounidense. El país quiere paz. Es hora de que los políticos cesen sus afanes golpistas.
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