Luego de la matanza que dejó al menos 16 muertos, la mayoría desmembrados, y 43 heridos en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi Nº 1, durante el amotinamiento del lunes 3 y martes 4 de octubre, se dispuso el traslado de presos a otras cárceles.
Por medidas de seguridad y con la voluntad y conocimiento de las mismas personas privadas de la libertad (ppl) se procedió con la ubicación de unos 156 reclusos en distintos centros carcelarios a nivel nacional.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad utilizó cinco buses para movilizar a los ppl: 149 son hombres y siete mujeres.
"Es muy penoso decirlo, pero los cuerpos están la mayoría desmembrados", informó Franklin Poveda, defensor público de la provincia, sobre el sangriento enfrentamiento entre bandas.
De acuerdo a versiones oficiales, los internos disputaron una lucha a cuchillo y disparos. Esto, a pesar del despliegue de unos 600 militares y policías ante los "disturbios" que iniciaron el lunes.
Esta vez la violencia la habría desatado el asesinato de Leandro Norero Tigua, el presunto jefe narco de 36 años conocido con el alias de El Patrón.
LEA TAMBIÉN: Lo que se sabe sobre la muerte de Leandro Norero y el origen de la matanza en la cárcel de Cotopaxi
El ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió sobre la posibilidad de nuevos incidentes a causa de la muerte de Norero: "hay que estar atentos porque puede generarse eso".
LEA TAMBIÉN: Traslados descontrolados de presos "perjudican gobernanza" en las cárceles de Ecuador
En mayo pasado, las autoridades penitenciarias trasladaron a diferentes prisiones del territorio nacional a 153 presos desde la cárcel Bellavista en Santo Domingo de los Tsáchilas, luego de una matanza que dejó 44 reos asesinados.
Seis supuestos cabecillas de bandas delictivas vinculadas al amotinamiento de Santo Domingo fueron los primeros trasladados y evacuados fuera del recinto penitenciario.
Los traslados de presos y líderes de grupos organizados vinculados al narcotráfico —y que ya se vieron involucrados en violentos ajustes de cuentas en otras prisiones del país— también estaban en la mira puesto que algunos de esos movimientos respondieron a "habeas corpus" dictaminados por la Justicia.
Previamente, por orden judicial se había ordenado el traslado de más de un centenar de presos a la cárcel de Santo Domingo, procedentes de la prisión de Cuenca, donde a inicios de abril se produjo otra matanza que acabó con la vida de 20 reos.