El proceso de duelo o luto siempre es complicado, pero se agrava más cuando el ser querido muere de manera trágica. A esto hay que añadirle la incertidumbre de saber qué pasó con su cuerpo, los estigmas de la sociedad y la indolencia por parte de las autoridades. Eso es lo que viven los familiares de los presos asesinados en las revueltas carcelarias en Guayaquil.
Uno de ellos es Álex Burbano, de 27 años, quien perdió a su hermano en la peor masacre carcelaria de la historia del Ecuador, que dejó al menos 119 muertos. La última vez que escuchó su voz fue cuando Jonathan llamó a su madre para despedirse.
“Mamá aún estoy vivo”, fueron las palabras. Segundos después la familia oyó explosiones, disparos y mucho ruido, hasta que la llamada se cortó y no volvieron a saber nada de Jonathan.
“Al otro día nos enteramos de que habían matado a bastantes personas. Llamamos al celular, le escribimos por WhatsApp, pero no contestaba. Los compañeros de celda decían que no estaba en el pabellón. Ni en los vivos, ni en los muertos. Teníamos esperanza de que estuviera bien”.
Burbano junto a su madre y hermano empezaron a buscarlo en hospitales, morgues y en la Penitenciaría, sin embargo, nadie les daba respuestas. Así estuvieron tres días, hasta que el viernes primero de octubre confirmaron el deceso de Jonathan en la misma morgue donde inicialmente les manifestaron que no estaba.
“Salió un guardia con una lista gritando los nombres de los muertos como si estuviera en un mercado. Luego ingresé a la morgue y vi a mi hermano en total estado de putrefacción. Creo que no estaba en frío porque el olor era insoportable”.
No obstante, el calvario no acabó ahí, Burbano comenta que le tomó todo un día retirar el cuerpo de su hermano porque la morgue no quería entregarlo por sanidad, pero la familia ya había contratado un servicio funerario. Entonces, al cadáver le pusieron cal y pudo ser enterrado.
¿LUGAR Y HORA INCORRECTOS?
Jonathan Burbano cumplía una condena de dos años de cárcel por tenencia de drogas. Un día en la casa de su enamorada, quien tenía un proceso judicial, llegó la Policía y encontraron un bloque de marihuana en el refrigerador.
“Como mi hermano contaba con antecedentes, se lo llevaron a los dos”, relata Álex, quien agrega que anteriormente, Jonathan, de 23 años, había enfrentado dos procesos penales.
El primero por un accidente de tránsito en el que fue declarado inocente y otro por tenencia de armas, lo que lo llevó a la cárcel por un año.
Jonathan entró a la Penitenciaría del Litoral en julio del 2020 y cuando ocurrió la masacre ya había cumplido el 60% de la condena.
AYUDA PSICOLÓGICA
Álex Burbano comenta que la muerte de su hermano le ha afectado mucho, pues desde pequeños eran muy unidos. “Ahora no puedo dormir porque lo recuerdo como lo vi en la morgue, esa imagen se me viene a la cabeza a cada rato”.
El joven y su familia reciben ayuda psicológica en un grupo de apoyo formado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que tiene como objetivo la búsqueda de una reparación integral para aquellos que perdieron a un ser querido en las últimas masacres.
Al momento, hay alrededor de 15 familias, de presos que murieron el 28 de septiembre, que reciben asistencia psicológica, pero también se integrarán personas de la última revuelta ocurrida el 12 de noviembre, así lo mencionó Valeska Chiriboga, representante de CDH Guayaquil.
“Intentamos ofrecer la ayuda que el Estado no ha sido capaz de brindarles a las familias, además, queremos contar las versiones de las víctimas colaterales, que muchas veces quedan de lado”.
Esta ayuda es parte de un proyecto disciplinario que tiene tres etapas: la ayuda psicológica grupal, soporte legal y la construcción de un informe que evidencie las afectaciones que atraviesan los familiares. Además, se analizará plantear una demanda ante instituciones internacionales.
NEGLIGENCIA Y ESTIGMAS
César Torres, psicólogo de la iniciativa del CDH Guayaquil, señala que ha existido negligencia por parte de las autoridades en el abordaje del luto de las familias, haciendo que las afectaciones emocionales aumenten.
“Por ejemplo, si yo estoy pasando por una pérdida fuerte, necesito la sensibilidad del caso al momento en que me notifiquen la noticia. Las personas nos dijeron en la primera reunión, que decían los nombres de los muertos como si fuera una plaza. Ese trato no sensible se vuelve una agravante”.
Por su parte, la antropóloga Gabriela Salgado indica que el hecho de que las familias estén de un lado para el otro buscando respuestas sobre sus parientes, “es un trauma y genera altos niveles de ansiedad”. Además, en los casos que maneja CDH Guayaquil también hay niños que se han enterado de la muerte de sus padres por redes sociales.
A esto hay que agregar los estigmas que hay alrededor de un PPL y que estos se trasladan a las familias. “La sociedad los ve como que todos son criminales. Tenemos esa idea de que son monstruos que han hecho cosas inimaginables, pero en algunos casos no es así, muchos están por crímenes que no ameritan ni siquiera cárcel”.
Salgado describe que estas personas sufren una deshumanización, porque no tienen ayuda de parte de las autoridades ni de la sociedad.
TRAUMAS
Nabila Belio, una de las psicólogas que trabajan en la iniciativa de CDH, señala que pese a que recién están empezando las reuniones con familiares, percibe la existencia de estrés postraumático, pero puede haber más traumas por las situaciones que han atravesado.
“Ya de por sí, la muerte de un individuo en la vida de un ser humano tiene un factor altamente estresante, ahora imaginémonos cuando mueren de manera tan violenta”.
La experta resalta que no todas las personas necesitan acompañamiento psicológico porque algunos se refugian en la religión o en otras actividades que les permiten de cierto modo sobrellevar el dolor. Sin embargo, aquellos que buscan ayuda evitarán que el duelo se complique.
“Si el luto se intensifica, podría provocar consecuencias psicológicas muy graves. No solo hay repercusiones a nivel emocional, también en la salud física y en el desempeño laboral”.
RESPUESTA DEL ESTADO
En todas las masacres ocurridas en este año se han activado equipos técnicos de trabajadores sociales y psicólogos para que brinden asistencia oportuna. Por ejemplo, en el último suceso ocurrido en noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador brindó primeros auxilios psicológicos a las personas que estaban identificando los cuerpos.
Los expertos César Torres y Nabila Belio mencionan que en el grupo de trabajo que ellos manejan algunas personas indican que no recibieron ayuda.
“Nos prometieron asistencia, pero hasta ahorita no se comunican con nosotros. Sin embargo, a estas alturas ya no es necesario porque el duelo ya lo estamos asimilando poco a poco”, dijo Álex Burbano.
El equipo de CDH espera emitir un informe que evidencie las violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido las familias, pero al mismo tiempo que los PPL tengan una despedida digna.